Tras la resolución judicial, el gremio lechero interpreta el fallo como el cierre de un proceso inviable y asegura mantener diálogos con actores del sector para garantizar la continuidad laboral y de la marca.
La Justicia declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2025. Desde el sindicato Atilra, que representa a los trabajadores del sector, se interpretó esta decisión como el cierre de un proceso que ya no tenía salida dentro del esquema actual de la empresa.
Héctor Ponce, titular de Atilra, sostuvo que la medida «no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa» y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema que permita sostener la actividad y el empleo. La quiebra fue solicitada por la propia cooperativa, que reconoció no poder encauzar su situación en un contexto de fuerte deterioro operativo y financiero, con un pasivo cercano a los US$120 millones.
Ponce cuestionó la gestión de SanCor en los últimos años y vinculó el desenlace con decisiones administrativas previas. En ese sentido, recordó que en diciembre de 2025 la Justicia imputó a dos exdirectivos por el presunto desvío de más de $1600 millones destinados a la seguridad social.
El dirigente gremial despegó a la organización de cualquier responsabilidad en la quiebra y defendió el accionar de los trabajadores, quienes, según afirmó, continuaron trabajando a pesar de los adeudos salariales y de aportes.
Frente al escenario post-quiebra, Atilra planteó la posibilidad de avanzar en un esquema que permita mantener la actividad. Ponce indicó que el gremio mantiene conversaciones con «industriales responsables y exitosos» del sector para explorar alternativas de continuidad, siempre con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo y la marca SanCor.
«Somos optimistas, no por una cuestión de fe, sino porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Para nosotros no termina nada, para nosotros comienza una nueva etapa», concluyó el dirigente.