El máximo tribunal rechazó el planteo del Poder Ejecutivo contra la medida cautelar que obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, lo que genera reacciones en el oficialismo.
Buenos Aires, 26 de junio (NA) – La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso del Poder Ejecutivo contra la medida cautelar que ordena cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, según informaron fuentes judiciales. La resolución, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se limitó a resolver una cuestión procesal y no se pronunció sobre la validez de la ley ni del Decreto 759/25.
En el oficialismo, dirigentes de La Libertad Avanza manifestaron su disconformidad con el fallo. Fuentes del partido indicaron que el revés judicial implica un costo estimado de 1,3 billones de pesos para las arcas públicas, cifra que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, calificó como de difícil cumplimiento. Según allegados al ministerio, ya se comenzaron a recalcular partidas presupuestarias.
Asimismo, desde el oficialismo señalaron que el ministerio de Capital Humano mantenía diálogos con rectores universitarios para avanzar en una nueva ley de financiamiento, alineada con el equilibrio fiscal. Sin embargo, ese proyecto no logró tratamiento parlamentario, lo que atribuyeron a la actuación de operadores judiciales vinculados al ministerio de Justicia y a ciertas autoridades legislativas.
La administración de Javier Milei había alcanzado recientemente un acuerdo parcial con universidades para cumplir la ley, pero la decisión de la Corte deja sin efecto esa alternativa. “La determinación se produjo a pesar del acuerdo”, afirmaron fuentes de La Libertad Avanza.
El máximo tribunal consideró que el planteo del Estado era inadmisible por estar dirigido contra una medida cautelar, que no constituye una sentencia definitiva. De esta manera, la Corte evitó pronunciarse sobre el fondo del conflicto y se limitó a resolver una cuestión procesal.