El director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, presentó este viernes ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional el Informe Anual de Seguridad Nacional 2025, que advierte sobre la presencia de más de 600 narcolanchas en el Estrecho de Gibraltar y un aumento de la flota fantasma rusa frente a Canarias.
El director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, acudió este viernes a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional para presentar el Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente a 2025. El documento alerta sobre la existencia de más de 600 narcolanchas en el área del Estrecho de Gibraltar y señala que la denominada ‘flota fantasma’ rusa representa un riesgo para la seguridad de España.
El informe, publicado en mayo, detalla que las narcolanchas son del tipo go-fast y son sospechosas de realizar operaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes. Asimismo, advierte sobre una mayor agresividad de los narcotraficantes hacia los agentes de las Fuerzas de Seguridad, que incluye el uso de armas de guerra.
“En lo que respecta al tráfico de hachís, en 2025 parece haberse reactivado la ruta desde Marruecos, principal productor mundial, hacia España”, indica el informe del Departamento de Seguridad Nacional.
“Las zonas del Estrecho de Gibraltar y del arco Canarias-Atlántico presentan una vulnerabilidad creciente para España”, reconoce el Ejecutivo. El documento menciona que algunos grupos organizados podrían estar utilizando las rutas y medios originalmente diseñados para el tráfico de drogas para realizar actividades vinculadas a la inmigración ilegal, diversificando así su actividad delictiva.
En relación con la ‘flota fantasma’ rusa, Seguridad Nacional cifra en 50 los barcos detectados en las proximidades de Canarias, lo que representa un aumento de cinco veces a lo largo de 2025. El informe alerta de que su presencia obliga a incrementar la vigilancia naval y el control portuario.
“Aunque España se considera un objetivo secundario de la actividad híbrida rusa”, sostiene el documento, la “creciente acción” en el Mediterráneo de estos petroleros rusos, “que eluden sanciones y operan cerca de las costas españolas” añade “riesgos”.
El informe explica que se trata de “buques de transporte de hidrocarburos que se dedican a transbordar (de buques pequeños a buques de mayor porte) petróleo crudo y refinados de origen ruso, aunque también venezolano e iraní, para luego ser transportado a países asiáticos”. Pese al incremento de la presencia de la flota rusa, el Gobierno admite que “la posibilidad legal de actuar” contra estas embarcaciones en la mar “es un asunto de difícil resolución”.
El Departamento de Seguridad Nacional también menciona en su informe anual que uno de los objetivos estratégicos de las campañas de desinformación guarda relación con una “injerencia de actores vinculados con el extremismo” que busca erosionar la neutralidad institucional de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. La mayoría guardan relación con Rusia.
En este sentido, observa que se han explotado debates sensibles sobre flujos migratorios irregulares, “difundiendo rumores de oleadas inminentes para fomentar la polarización social”. El Gobierno menciona los mensajes sobre las fronteras de Ceuta y Melilla con una narrativa sobre migración que “se entrelaza con la inseguridad” para instrumentalizar episodios de conflictos sociales y proyectar un deterioro de la seguridad pública.
También recuerda lo ocurrido en Torre-Pacheco (Murcia) en julio de 2025, porque, afirma, evidenció la capacidad de la desinformación para traspasar dimensiones.
El informe cita que se han reactivado campañas ligadas a la salud pública, desde teorías conspirativas sobre vacunas hasta mensajes manipulados sobre brotes epidémicos, erosionando la confianza institucional y dificultando la respuesta de gobiernos y organismos sanitarios.
Otro de los cambios cualitativos es lo que el Departamento de Seguridad Nacional llama “desestabilización económica”. “La desinformación amplía su espectro operativo, convirtiéndose en una herramienta para cometer fraudes a mayor escala o incluso manipular sistemas económicos”, dice el documento.