El Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) alcanzaron un acuerdo que derivó en la publicación del decreto 612 en el Boletín Oficial, modificando aspectos de la reglamentación de la reforma laboral que afectaban el financiamiento sindical.
El Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) alcanzaron un acuerdo que derivó en la publicación del decreto 612 en el Boletín Oficial este lunes. La medida modifica aspectos de la reglamentación de la reforma laboral que afectaban el financiamiento sindical.
Según informó Infobae, las negociaciones entre las partes se desarrollaron durante semanas y concluyeron el fin de semana con la redacción consensuada del decreto. El objetivo fue corregir la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que había introducido restricciones en dos puntos clave para la caja sindical.
El decreto 407, dictado a fines de mayo, había modificado la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo. Mientras la ley establecía que esos aportes «no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores», la reglamentación indicaba que la base sería el «salario básico convencional», lo que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos.
El nuevo decreto 612 flexibiliza parcialmente ese límite. Estipula que para el cálculo deben sumarse las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional. Además, excluye del tope del 2% los aportes y contribuciones de los empleadores destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, siempre que se administren y documenten separadamente de los demás fondos sindicales.
La norma exige que esos recursos tengan una administración especial, llevada y documentada por separado. Esto implica que el sindicato debe llevar una contabilidad diferenciada de ese dinero, identificando recaudación, aportantes, destino y gastos, que deben responder a los fines autorizados.
Para la CGT, los cambios del decreto 407 rompieron lo pactado con el Gobierno cuando se sancionó la reforma laboral. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue señalado como el principal impulsor de esas restricciones. La nueva etapa de la administración, con Diego Santilli como jefe de Gabinete, mostró una actitud más negociadora, según fuentes consultadas.
La Secretaría de Trabajo había intimado a renegociar unos 800 convenios colectivos de trabajo para adecuarse a la Ley 27.802, pero hasta el momento no se presentó ningún convenio renegociado integralmente. «No hay uno solo que venga a sentarse para rediscutir», admitieron en Trabajo. Empresarios y sindicalistas preferían recurrir a la Justicia antes que abrir una negociación bajo el esquema anterior.
Un empresario citado por Infobae cuestionó la intervención estatal: «Si yo acuerdo con un sindicato dar menos porcentaje de aumento y compensarlo con una contribución para la obra social, que también beneficia al trabajador, ¿por qué se tiene que meter el Estado?».
El acuerdo no modificó el plan de lucha de la CGT. Un dirigente cegetista afirmó: «Esto demuestra que vale la pena apostar al diálogo, pero seguiremos con el curso de acción trazado sin una sola modificación». La CGT iniciará una marcha al Congreso este miércoles para acompañar los reclamos de los jubilados.