La administración estadounidense continúa su estrategia de máxima presión sobre Cuba mediante sanciones y restricciones, en un contexto de crisis económica y migración.
La situación en Cuba se agravó tras la intervención estadounidense en Venezuela a principios de año. Desde entonces, se interrumpieron los suministros de petróleo venezolano, que representaban más del 60% de las importaciones de petróleo de la isla. Washington amplió las sanciones contra empresas y países que mantienen vínculos con el gobierno cubano.
Según fuentes oficiales, el objetivo es limitar el margen de maniobra económico y político de La Habana para propiciar una transición política y económica. La administración estadounidense busca la apertura de la economía, la liberación de presos políticos, oportunidades de inversión para empresas estadounidenses y, a largo plazo, un gobierno cooperativo con EE.UU. Aún no se definió si este cambio debe realizarse con parte del régimen actual o con su sustitución.
La política hacia Cuba se enmarca en una estrategia de política exterior más amplia. Cuba es considerada uno de los últimos adversarios de EE.UU. en América Latina. La isla tiene una estructura de poder cohesionada, donde el poder político no recae únicamente en el presidente Miguel Díaz-Canel, sino en una red integrada por el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el aparato de seguridad y los agentes económicos. El expresidente Raúl Castro mantiene influencia en las decisiones estratégicas; fue condenado por un tribunal estadounidense en mayo de 2026.
La estrategia actual apunta a mantener la presión económica y política para aumentar los costos de mantenerse en el poder. Desde la perspectiva estadounidense, este enfoque permitiría conservar las estructuras estatales, introducir reformas graduales y evitar un colapso repentino o una intervención militar.
El gobierno cubano recientemente aprobó reformas económicas que abren sectores clave a privados y capital extranjero. Washington no interpretó estas medidas como un cambio de rumbo, sino como concesiones limitadas para ganar tiempo.
Encuestas citadas indican que alrededor del 77% de los cubanos desea una transición hacia una economía de mercado y una democracia liberal. Más del 60% de la población acogería con agrado una intervención de EE.UU. y el derrocamiento del régimen. La crisis humanitaria aumentó el apoyo a una intervención militar. Sin embargo, no se registraron protestas masivas a nivel nacional; se reportaron incendios en una sede local del partido y manifestaciones espontáneas en las calles.
Las razones de la ausencia de un movimiento nacional incluyen la dedicación de la población a la supervivencia diaria y la eficacia del aparato represivo. Desde 2019, unos tres millones de los aproximadamente once millones de habitantes abandonaron Cuba, en su mayoría jóvenes, lo que agrava los problemas económicos.
No se puede predecir con certeza si ocurrirá un cambio político. Un eventual cambio de régimen no implicaría una transición automática hacia una democracia liberal. Faltan requisitos institucionales y sociales, como partidos independientes, medios libres, sociedad civil fuerte y sindicatos autónomos. La diáspora cubana, principalmente en EE.UU., podría desempeñar un papel clave, aunque está fragmentada.
El texto original fue publicado en Diálogo Político, por un representante de la Fundación Konrad Adenauer para Ecuador y un practicante en la oficina de KAS México.