La resolución firmada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curuchet, señala inactividad superior a 180 días y contradicciones en las declaraciones juradas de la empresa. Vallejo está procesado por la Justicia federal de Lomas de Zamora.
El Banco Central dio de baja la billetera virtual de Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, según una resolución firmada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curuchet.
La resolución indica que «Sur Finanzas PSP SA no registra operaciones como proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP) desde enero de 2026. Esta inactividad supera los 180 días».
Un proveedor de servicios de pago es una empresa habilitada para ofrecer cuentas virtuales, recibir y realizar transferencias y administrar pagos electrónicos. Esa inscripción no equivale a una autorización para funcionar como banco.
La entidad regulatoria sostuvo que «la interrupción prolongada de la actividad y la falta de condiciones acreditadas para reanudar el servicio evidencian también cambios fundamentales en las condiciones de inscripción», según fuentes judiciales.
La resolución señala que Sur Finanzas declaró no haber realizado operaciones durante un período en el que el Banco Central detectó millones de transferencias. La Superintendencia comprobó que en julio de 2025 la empresa registró 2.999.117 transferencias por 393.871 millones de pesos, según los movimientos verificados en las entidades bancarias con las que operaba.
El Banco Central indicó que en septiembre de 2026 Sur Finanzas presentó tardíamente declaraciones juradas en las que aseguró no haber registrado operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026. Los inspectores verificaron movimientos hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial y hasta el 3 de diciembre de ese año en el Banco Hipotecario.
La empresa había dejado de presentar los informes obligatorios al Banco Central desde julio de 2025 y no entregó la documentación reclamada por los organismos de supervisión. El organismo destacó que esos incumplimientos comenzaron antes de las medidas judiciales que Vallejo y sus empresas invocaron posteriormente para justificar la falta de información.
Las presentaciones de Sur Finanzas fueron consideradas incompletas y sin información contable actualizada. Para los funcionarios del organismo, esas omisiones impidieron concluir el análisis de cuestiones relacionadas con el funcionamiento anterior de la billetera virtual.
La resolución advierte que mantener a Sur Finanzas en el registro oficial implicaría conservar la autorización de una empresa que dejó de desarrollar la actividad para la cual había sido inscripta y que no acreditó las condiciones necesarias para reanudar el servicio.
El Banco Central consideró que esta situación «representa un riesgo para la integridad y confiabilidad del sistema de pagos», además de comprometer los objetivos de seguridad, transparencia y protección de los usuarios.
La actividad financiera de Vallejo quedó bajo investigación de la Justicia federal de Lomas de Zamora. El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a Vallejo como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a maniobras de lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El magistrado dispuso un embargo de 40 mil millones de pesos sobre sus bienes.
Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia, había sido detenido durante la investigación. Posteriormente, Rodríguez Ponte convirtió esa detención en prisión domiciliaria con control mediante tobillera electrónica en una vivienda del barrio Fincas de San Vicente.
El procesamiento también alcanzó a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, por los mismos delitos atribuidos a su hijo, con excepción de la jefatura de la asociación ilícita, con otro embargo de 40 mil millones de pesos. Entre los demás procesados figuran María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Carrozza, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Sánchez, Sergio Da Silveira, Juan Ramón Cervín, Rolando Soloaga, Micaela Sánchez, Susana Hoffmann, Nahiara Gamarra, Jonathan Ledesma, Juan Miguel Soloer, Cecilia Fioretti y César Abilio Zapaia.
Rodríguez Ponte también procesó a nueve sociedades vinculadas con la investigación: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach SA, Centro de Inversiones de Concordia SRL, Ars Cambios, Roma Inversiones SA, Neocam, Gestiones San Miguel SA y Sur Pagos SA, sobre las que dispuso embargos multimillonarios.
La Superintendencia tuvo en cuenta una medida cautelar dictada por la Justicia en marzo de 2026, que estableció limitaciones sobre la situación de la sociedad y sus accionistas, y que según la resolución profundizaron los cambios en las condiciones para conservar la inscripción como proveedora de servicios de pago.