La Confederación General del Trabajo (CGT) de Francia informó que 850.000 trabajadores del sector público perciben ingresos inferiores al salario mínimo luego del incremento dispuesto por el Gobierno. La huelga general convocada por sindicatos continúa con reclamos salariales y por el presupuesto de ajuste.
La conflictividad social en Francia se intensificó con nuevas movilizaciones y una huelga general impulsada por organizaciones sindicales. El Gobierno aceptó aumentar el salario mínimo y abrió negociaciones paritarias para diferentes sectores profesionales, medidas que, según los sindicatos, no desactivaron el malestar.
El periodista Juan Francia explicó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil: “El gobierno se ha visto obligado por toda esta presión a aumentar el salario mínimo, pero ha sido considerado ampliamente insuficiente por parte de los sindicatos”. Las principales reivindicaciones son el incremento de salarios, el rechazo al proyecto de presupuesto de ajuste y la adopción de medidas urgentes para contener el costo de vida.
Reclamos sindicales y conflicto con el Gobierno
Los sindicatos también demandan el congelamiento de precios de productos esenciales, especialmente alimentos y combustibles. A estas demandas se suman movilizaciones estudiantiles que desde septiembre reclaman mejoras en la calidad educativa.
La tensión aumentó después de una reunión entre representantes sindicales de empleados públicos y el primer ministro Sébastien Lecornu. Según el corresponsal, los dirigentes abandonaron el encuentro disconformes con las respuestas oficiales. “Fue una reunión para nada”, resumió la evaluación sindical.
La CGT denunció que, tras el incremento del salario mínimo, unos 850.000 empleados públicos quedaron por debajo de ese nivel salarial, situación que profundiza el conflicto.
El empleo público en el debate electoral
La disputa social se proyecta sobre la campaña presidencial, a menos de seis meses de las elecciones. Los candidatos presentan propuestas contrapuestas sobre la dimensión del Estado y la cantidad de trabajadores que deberían integrar la administración pública.
Entre las iniciativas de la derecha aparecen recortes: Éric Zemmour propone eliminar 800.000 puestos, Bruno Retailleau plantea suprimir 400.000 y Édouard Philippe, 250.000. Gabriel Attal propone reducir 100.000 empleos públicos. “Ahí vienen todos con la motosierra”, ironizó Francia al describir estas iniciativas.
En contraposición, el Partido Comunista plantea incorporar entre 400.000 y 500.000 trabajadores, mientras que los ecologistas proponen sumar 250.000 puestos. Jean-Luc Mélenchon, candidato de La Francia Insumisa, anunció una inversión de 22.000 millones de euros en servicios públicos.
“Tenemos también dentro de este debate dos posiciones diametralmente opuestas respecto a qué rol va a ocupar el Estado en los próximos años en Francia”, concluyó Francia.