Una investigación judicial documentó movimientos de fondos por $390 millones en ocho meses y la detención de 12 personas, según datos presentados ante la Justicia Federal de Río Gallegos.
Una investigación judicial reconstruyó el funcionamiento de una organización que administraba bienes sujetos a decomiso pertenecientes al empresario Lázaro Báez, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Según los datos presentados en la audiencia ante la Justicia Federal de Río Gallegos, el imputado habría impartido órdenes desde un teléfono del penal e integrado la conducción de la estructura.
La causa, denominada «Coirón», documentó movimientos de fondos por aproximadamente $390 millones en ocho meses. En la investigación se menciona la intervención de al menos 12 personas imputadas, entre ellas la pareja de Báez, Claudia Insaurralde, y Cristian Sebastián Ibáñez.
Báez cumple una pena de 15 años de prisión con decomiso de sus bienes. De acuerdo con la pesquisa, la organización habría operado sobre un patrimonio preexistente alcanzado por decomiso, embargo o depósito judicial, con el objetivo de mantenerlo productivo y derivar sus frutos. El universo relevado incluye las estancias Alquinta y La Entrerriana, unidades de un edificio de la calle Zapiola, las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., arrendamientos a tres empresas, la estancia Cruz Aike, un inmueble de la costanera de El Calafate y dos galpones cuya disposición se habría pactado en $250 millones el 28 de agosto. También figura un Ford Mondeo de titularidad de Báez, hoy secuestrado.
El martes fue allanada la celda de Báez en el pabellón de Ezeiza y se lo dejó incomunicado. Fuentes judiciales confirmaron el secuestro de cuadernos con detalles de operatorias de dinero sobre bienes, alquileres, campos, rentas de galpones y alquileres de departamentos y otros inmuebles sujetos a decomiso.
El hallazgo se produjo en paralelo a 27 allanamientos simultáneos realizados durante el mes pasado en Río Gallegos, El Calafate, dos estancias y la ciudad de Buenos Aires, dispuestos en el marco de dos causas conexas que investigan lavado de dinero y narcotráfico. Los primeros detenidos fueron la pareja de Báez, Claudia Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez y su pareja en el Aeropuerto de Ezeiza, a poco de arribar de un vuelo procedente de Río Gallegos. Allí se les secuestraron cuatro valijas de gran tamaño.
El juez federal Claudio Vázquez consideró que existían riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que dispuso las detenciones e incomunicaciones y ordenó avanzar con los allanamientos solicitados por la Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La causa se originó el 25 de septiembre pasado a partir de datos surgidos en comunicaciones telefónicas que un investigado en una causa por narcotráfico mantenía con Báez. La investigación por narcotráfico se vincula con la de lavado a partir del uso de un Ford Mondeo de Báez, el relato de un imputado sobre una inspección de maquinaria «del tío Lázaro» en Corrientes y un camión Scania secuestrado el 24 de septiembre en el control de Güer Aike con documentación apócrifa.
Según un informe incorporado a la causa sobre las cuentas de Ibáñez y otro de los imputados, entre el 1° de diciembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026 se registraron 677 operaciones por $380.620.089.
La fiscalía pidió 27 allanamientos en domicilios, entre ellos las dos estancias y el pabellón de Báez, además de inhibición general de bienes, congelamiento de cuentas, levantamiento del secreto bancario y la declaración de caso complejo. La calificación provisional incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.