Padre e hijo, detenidos por la causa que investiga al grupo Induplack, estuvieron entre los internos que recibieron la bendición del Sumo Pontífice. La causa registra 569 hechos de estafa y un perjuicio estimado superior a los 24 millones de dólares.
Buenos Aires, 12 de noviembre. Durante la visita del papa León XIV a la cárcel de Villa Devoto, entre los internos que participaron del encuentro con el Sumo Pontífice estuvieron Vito Antonio L’Abbate y su hijo Emanuel Andrés L’Abbate, ambos procesados y detenidos en la investigación por la estafa inmobiliaria vinculada al grupo empresario Induplack. El empresario mayor de la familia estrechó el antebrazo del Papa durante el saludo y la bendición que impartió a los presos.
La presencia de los L’Abbate en el encuentro religioso generó sorpresa e indignación entre quienes afirman haber perdido sus ahorros en emprendimientos inmobiliarios que no se terminaron. Los dos empresarios integraron el grupo de internos seleccionados para recibir a León XIV, en una actividad que buscó transmitir un mensaje de esperanza, arrepentimiento y posibilidad de reconstruir una vida después del encierro.
Induplack, una estructura bajo investigación
Vito L’Abbate es señalado por la investigación judicial como el principal responsable de una estructura empresarial que operó durante años en el mercado inmobiliario porteño. A través de Induplack SA, Induplack Fiduciaria y otras sociedades vinculadas, el grupo comercializaba departamentos en construcción o bajo la modalidad de venta «en pozo».
Según la acusación fiscal, la operatoria consistía en ofrecer unidades en distintos emprendimientos, cobrar anticipos y cuotas a los compradores y continuar comercializando propiedades incluso cuando las obras estaban paralizadas o no tenían posibilidades concretas de finalizarse. En algunos casos, una misma unidad habría sido vendida a más de un comprador, mientras que distintos edificios quedaron inconclusos y otros no superaron la etapa inicial de construcción.
La investigación también detectó un entramado de sociedades, fideicomisos y contratos que habría permitido dificultar el seguimiento del dinero y la identificación de los responsables patrimoniales de las operaciones.
Más de 600 damnificados y una defraudación millonaria
La causa judicial, identificada como expediente 18025/2020, fue impulsada por la fiscal Mónica Cuñarro y tramitada ante el juzgado de la jueza Paula González. En abril de 2025, Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate, junto con Patricio Gastón Flores, fueron procesados con prisión preventiva por asociación ilícita y estafas. En la resolución, Vito fue señalado como jefe de la organización.
Con el avance de la investigación se multiplicaron las denuncias. En febrero de 2026, la fiscalía pidió elevar a juicio oral la megacausa, con 569 hechos de estafa documentados y un perjuicio estimado superior a los 24 millones de dólares, además de más de 1.125 millones de pesos. La investigación también contempló otros hechos y nuevos posibles involucrados.
El expediente describe una operatoria que habría funcionado durante más de una década, desde 2012 hasta abril de 2025. Entre las maniobras investigadas aparecen la comercialización de departamentos que nunca se entregaron, la reventa de una misma propiedad a diferentes compradores, el incumplimiento de contratos y el presunto desvío de fondos mediante distintas sociedades comerciales.
Las consecuencias para los compradores fueron devastadoras: familias que entregaron sus ahorros, personas que invirtieron indemnizaciones o dinero acumulado durante años y pequeños ahorristas que terminaron sin departamento y sin recuperar lo aportado.
Una oferta para evitar el juicio
En septiembre de 2026, la causa sumó otro capítulo cuando un grupo inversor presentó una propuesta de 2.000 millones de pesos para poner a disposición de los damnificados, a cambio de que desistieran de sus reclamos civiles, comerciales y penales contra los acusados. La propuesta fue presentada a través de la defensa oficial de Vito y Emanuel L’Abbate.
La iniciativa abrió un nuevo frente de discusión entre los afectados, que todavía buscan recuperar parte del dinero perdido y esperan una resolución judicial que determine las responsabilidades penales. La fiscalía, por su parte, continuó investigando el entramado societario y la posible participación de otras personas. También se incorporaron nuevos imputados y se analizaron las operaciones que habrían permitido ocultar o desviar los fondos obtenidos de los compradores.