El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve imputados en la causa por la criptomoneda $LIBRA. Desde la oposición, Oscar Agost Carreño y Maximiliano Ferraro criticaron los fundamentos del fallo y reclamaron que el Presidente brinde explicaciones.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, resolvió el sobreseimiento definitivo de Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de los otros nueve imputados en la causa $LIBRA, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis. La resolución se alineó con el dictamen del fiscal Eduardo Taiano y descartó los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El magistrado sostuvo además que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de los involucrados.
Tras conocerse el fallo, el legislador provincial cordobés y exdiputado nacional Oscar Agost Carreño, integrante de la Comisión Investigadora de $LIBRA en la Cámara baja, afirmó que los fundamentos de la resolución «merecen una crítica seria». Agost Carreño cuestionó que «primero apartaron a los querellantes. Ahora el juez invoca que no existe una acusación autónoma que sostenga la continuidad del proceso». Para el dirigente del PRO, la resolución reconoce limitaciones en la investigación y pruebas que no pudieron completarse, pero concluye que los hechos no constituyen delito. «Ese salto exige una explicación mucho más sólida», declaró.
El exdiputado señaló que la causa debía esclarecer si el proyecto que Milei presentó como una herramienta para financiar empresas argentinas tenía realmente ese propósito y qué relación existía entre esa finalidad declarada y las ganancias y los retiros de quienes participaron del lanzamiento. En ese sentido, diferenció el riesgo propio de una inversión de la eventual existencia de un engaño sobre las características de la operación: «Aceptar el riesgo de que una inversión caiga no significa aceptar un engaño sobre su finalidad o funcionamiento».
Agost Carreño también reivindicó el papel de la comisión investigadora y sostuvo que «las responsabilidades deben determinarse con pruebas y garantías. Ese mismo rigor debe exigirse para cerrar una causa de esta gravedad». Tras conocerse el sobreseimiento, concluyó: «El curioso sobreseimiento no reemplaza las explicaciones que el Presidente les debe a los argentinos».
Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica y expresidente de la Comisión Investigadora de $LIBRA, Maximiliano Ferraro, calificó la resolución como una «clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad» para Milei y los demás involucrados. Ferraro apuntó contra el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, y afirmó que durante la investigación no se convocó a ninguno de los involucrados a prestar declaración indagatoria y que se habrían descartado pruebas y obstaculizado avances en el expediente.
«El juez federal Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano acaban de darle impunidad a Milei, su hermana y a todos los involucrados en esta estafa. Los sobreseyeron y cerraron la causa», afirmó Ferraro. También cuestionó la exclusión de los querellantes, al considerar que esa decisión dificulta la posibilidad de apelar el cierre de la investigación. El legislador mencionó una serie de interrogantes que, según sostuvo, no fueron esclarecidos judicialmente: las reuniones de los promotores del proyecto en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, las transacciones con criptomonedas antes y después de esos encuentros y las comunicaciones que, de acuerdo con su denuncia, mantuvieron Milei, Mauricio Novelli y Santiago Caputo el día del lanzamiento. «Está claro que estamos frente a una operación judicial planificada para el encubrimiento y la impunidad. Este fallo es una vergüenza», sentenció.
El Presidente Javier Milei celebró el desenlace judicial y sostuvo que la Justicia «volvió a poner las cosas en su lugar». Afirmó que quedó expuesta una «tremenda operación política y mediática» cuyo objetivo, según su interpretación, era perjudicar la investidura presidencial con fines políticos. Además, reivindicó el funcionamiento de las instituciones republicanas y aseguró que la Justicia no se dejó arrastrar por «el circo de los operadores de siempre».
El sobreseimiento cerró la causa para los once imputados, pero la disputa política continúa. Milei exhibe la resolución como una reivindicación frente a las denuncias opositoras, mientras Agost Carreño y Ferraro cuestionan los fundamentos y el recorrido de la investigación.