El fiscal José Arias reveló que Giuliana Flores, empleada de la Unidad Fiscal de Concordia, enviaba información del expediente a su padre y hermano, ambos investigados en la causa por corrupción contra el ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet.
El fiscal José Arias, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional del PJ Gustavo Bordet, reveló que una funcionaria judicial filtraba información confidencial del expediente a su padre y a su hermano, ambos investigados en la causa y señalados como presuntos testaferros del legislador. Parte de esos datos habrían llegado también a Bordet, según afirmó el fiscal.
Tras las revelaciones, Giuliana Flores, que trabajaba en la Unidad Fiscal de Concordia, fue separada de su cargo y denunciada por «violación de secretos de funcionario público». Flores había sido trasladada hacía al menos dos años a la Fiscalía, el mismo organismo donde se desempeña Arias. Estaba a cargo de la mesa de entradas, el sector por donde ingresan las notificaciones, presentaciones y documentos de todos los expedientes.
Su padre, Norberto, y su hermano, Germán, integran el círculo cercano a Bordet y ambos son investigados en el expediente por corrupción. Norberto Flores acompaña a Bordet desde que este era intendente de Concordia y actualmente es asesor de Mariel Ávila en la Legislatura de Entre Ríos. Ávila es la esposa de Bordet. Germán Flores trabaja con Salvador Carubia, señalado como presunto testaferro del ex gobernador.
Las revelaciones del fiscal Arias se produjeron en el marco de una audiencia solicitada por Jorge Romero, abogado de Bordet, que buscaba recusarlo. Tras escuchar una serie de acusaciones en su contra por presuntas presiones a imputados, el fiscal expuso audios y mensajes de WhatsApp que Giuliana Flores enviaba a su padre y a su hermano con avances e información del expediente.
Según el fiscal, esos datos los obtenía gracias a su trabajo en la fiscalía. «Esta empleada le pasaba datos a su hermano y su padre sobre información concreta de allanamientos que no se habían realizado. Les estaba anticipando la medida», sostuvo Arias en la audiencia.
En uno de los audios exhibidos, la mujer le cuenta a su padre, implicado en la causa, que pudo ver un oficio con pruebas que complicaban al ex gobernador. «Ella dice que es comerciante, me explicó a mí, ¿viste? Y me explicó que era comerciante y que ella solo estaba contestando un oficio, y llevó una contestación de oficio y en esa contestación de oficio tenía el nombre de Salvi (por Salvador Carubia, presunto testaferro de Bordet). Y, no sé, como que Bordet le había comprado no sé cuánta cantidad de cosas, mucha plata, mucha plata. Entonces, le mandé a Nano al toque yo, y Nano me dijo ‘no pasa nada’, no sé qué. Así que, bueno, le avisé, yo, de esto a Nano». Nano es su hermano, también implicado en la causa. El audio es del 20 de mayo, ocho días antes de un allanamiento clave en el expediente.
Tras ese mensaje, su padre le responde: «Muy bien. Tenés que tener cuidado con el celular». Y ella contesta: «Sí, borro todo». Los mensajes, a los que accedió Clarín, surgen de los peritajes a los teléfonos de los acusados secuestrados en varios allanamientos.
Para el fiscal, la mujer separada de su cargo «era un caballo de Troya de Bordet en la fiscalía». Arias aseguró que esa información confidencial luego era enviada por Norberto Flores al teléfono de Bordet, y mostró los mensajes de WhatsApp que le enviaba al actual diputado nacional. A raíz de estas revelaciones, el fiscal citó a declarar a Flores para que brinde explicaciones.
En el expediente ya se realizaron allanamientos en propiedades y negocios de los presuntos testaferros del ex gobernador, así como en propiedades de Bordet y su esposa.
El caso de Entre Ríos se enmarca en un contexto de causas judiciales que involucran a ex gobernadores del peronismo. Otro ex gobernador, Sergio Urribarri, está detenido luego de que la Corte ratificara el fallo que lo condenó a 8 años de cárcel por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas tramitadas en tribunales provinciales. La condena incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos.