El Poder Judicial de la Nación tiene 266 cargos pendientes de designación. 159 permanecen en el Consejo de la Magistratura, 77 están en el Poder Ejecutivo y 30 esperan tratamiento en el Senado, según el Mapa Dinámico de Concursos.
El Poder Judicial de la Nación registra 266 cargos vacantes en distintas etapas del proceso de selección y designación de magistrados, de acuerdo con los últimos datos del Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura.
Del total de cargos pendientes, 159 permanecen en el Consejo de la Magistratura, 77 se encuentran en el Poder Ejecutivo y 30 esperan su tratamiento en el Senado.
Los registros oficiales indican que el Consejo tiene 75 concursos en trámite. Esa cantidad no equivale al número de vacantes, debido a que un mismo procedimiento de selección puede comprender uno o varios cargos judiciales.
Propuestas para modificar el régimen de concursos
Alfonso Santiago, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, publicó en El Derecho cuatro propuestas para modificar el sistema de designación de magistrados. Las iniciativas abarcan la modificación del régimen de concursos, la evaluación de las reformas procesales, la implementación de controles periódicos sobre el desempeño de los magistrados y el fortalecimiento de una cultura institucional orientada al servicio de los ciudadanos.
El constitucionalista cuestionó los márgenes de discrecionalidad en la conformación de las ternas de candidatos. En ese sentido, destacó el proyecto de un nuevo Reglamento de Concursos, aprobado por la Corte Suprema de Justicia mediante la Acordada 4/2026 y remitido al Consejo de la Magistratura para su consideración.
La propuesta contempla que los concursos anticipados se conviertan en el mecanismo habitual de selección, lo que permitiría iniciar los procedimientos antes de que se produzcan las vacantes. Además, incorpora un legajo digital auditable, criterios de puntuación previamente establecidos para valorar los antecedentes de los aspirantes y mecanismos destinados a garantizar el anonimato durante las evaluaciones técnicas.
El proyecto establece que las entrevistas personales podrán otorgar un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, equivalente al 10% de la calificación final. También propone reglas objetivas para integrar las ternas y listas complementarias, junto con un sistema de evaluación técnica dividido en dos etapas.
“Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales”, sostuvo Santiago.
Evaluación de reformas procesales y desempeño judicial
El segundo eje de las propuestas apunta a determinar si las modificaciones de los procedimientos judiciales consiguen reducir la duración de los procesos. El documento plantea comparar la duración y la eficiencia de los procesos judiciales antes y después de las modificaciones normativas, para identificar qué procedimientos permiten resolver los expedientes con mayor rapidez.
La tercera iniciativa se concentra en el funcionamiento de los tribunales una vez que los magistrados fueron designados. Según el texto, el sistema argentino cuenta con procedimientos para seleccionar, nombrar, sancionar y eventualmente remover jueces, pero presenta dificultades para evaluar de manera periódica y objetiva su desempeño. La propuesta apunta a incorporar mecanismos de evaluación de la gestión judicial que permitan analizar el trabajo de los magistrados y rendir cuentas ante sus superiores, los abogados, los ciudadanos involucrados en los procesos y la sociedad.
El especialista advirtió que existen juzgados que, pese a disponer de cantidades similares de personal, infraestructura y herramientas procesales, presentan diferencias significativas en sus niveles de eficiencia y calidad de gestión.
Elecciones en el Consejo de la Magistratura
El cuarto planteo apunta a una transformación de las prácticas institucionales dentro del Poder Judicial. El documento detalla que las reformas reglamentarias deben complementarse con una cultura de servicio al ciudadano, impulsada tanto por los magistrados como por las autoridades responsables de conducir los organismos judiciales.
La discusión adquiere relevancia ante la próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, instancia que Santiago identificó como una oportunidad para debatir propuestas relacionadas con la transparencia, la eficiencia y la calidad institucional.
De los 266 cargos judiciales pendientes de cobertura, casi el 60% todavía permanece en la etapa del Consejo de la Magistratura.