En el Congreso hubo avances en vandalismo rural, negociaciones por biocombustibles y asuntos que no figuran en la agenda de los legisladores. El Gobierno prioriza el presupuesto 2027, la carta orgánica del Banco Central, las PASO y el DNU 70/2023.
Mientras en el Congreso la atención se centró en el interés del Gobierno por frenar la sesión especial convocada por la oposición en Diputados para tratar, entre otros puntos, el decreto 70/2023 de desregulación, se registraron hechos y encuentros que permiten describir el estado de la agenda legislativa vinculada con el sector agropecuario. Hay avances en algunos asuntos, negociaciones para impulsar otros y cuestiones que no aparecen en el radar de los legisladores.
Con un Gobierno que, además de la desactivación de la sesión especial del 15 de octubre, tiene entre sus prioridades el presupuesto 2027, la carta orgánica del Banco Central y las PASO, esta semana se produjo un dictamen en Diputados sobre vandalismo rural. La iniciativa abarca desde la rotura intencional de silobolsas hasta la destrucción de cultivos, herramientas y otros ataques por el ingreso a la propiedad privada.
Según cómo evolucione la situación en el Congreso, existe la expectativa de que en una posible sesión para el 21 de octubre se incluya vandalismo rural para intentar una media sanción en Diputados. También habría una posibilidad de incluir el nuevo marco para biocombustibles, que ya tiene media sanción en el Senado, pero debe ser tratado en comisiones para luego llegar al recinto. Fuentes con acceso al Congreso indicaron que falta el impulso de algunos gobernadores para que biocombustibles avance en Diputados. En el caso de vandalismo rural, si eventualmente entra en una sesión del 21, en noviembre se podría buscar que lo trate el Senado. La Fundación Barbechando monitorea estos temas en el Congreso. Se mencionan dos semanas claves para la actividad legislativa.
Respecto del proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios, que tuvo respaldo de diversos bloques y el acompañamiento de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias en el Congreso, por ahora no tiene lugar. Algunos consideran que el Poder Ejecutivo no lo ve prioritario y otros entienden que hay que seguir impulsándolo.
En cuanto a propiedad intelectual y semillas, después de la última reunión entre la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), las entidades del campo y autoridades oficiales, la decisión queda en el Gobierno. Los funcionarios escucharon a las partes y ahora deben presentar una iniciativa propia. En el medio está el acuerdo con los Estados Unidos para enviar al Congreso el pedido de adhesión a UPOV-91.
En el Congreso, la cuestión de semillas no aparece en la agenda. Esta semana, en una reunión con presidentes de distintas comisiones se indagó la agenda de prioridades y la propiedad intelectual no figura aún como un tema para ser convocado. Según se explicó, si el Poder Ejecutivo insiste y envía una señal desde la Casa Rosada, el asunto podría ponerse en tratamiento, pero por ahora no hay nada.
El foco del Gobierno está en la carta orgánica del BCRA, el presupuesto, las PASO y salvar el DNU 70/2023, en este último caso con una jugada que contempla incluir un apartado de la ley de tierras para desbaratar la avanzada opositora.
Sobre las retenciones, un tema trascendental para el campo, en el Congreso, según se explicó, la decisión es no acelerar con estas iniciativas. Se advierte que no están los votos para algo de este nivel y que se trata de un punto que genera un desgaste que puede afectar el abordaje de otras temáticas.
Queda por ver la marcha de los acontecimientos de los próximos días en el Congreso, un área que sigue de cerca la Fundación Barbechando, que preside Ángeles Naveyra y que a fin de mes quedará a cargo de Ignacio Garciarena, según trascendió.