Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos promueven juicio político contra el presidente Javier Milei y proponen una comisión bicameral para la Cuestión Malvinas, en un contexto de debate sobre la política exterior y económica.
Desde inicios de 2024, organizaciones de derechos humanos y personalidades de la política y el movimiento social han presentado pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su gestión, invocando los artículos 53 y concordantes de la Constitución Nacional.
Según los promotores, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no ha tenido reuniones orgánicas desde el 11 de diciembre de 2023. Atribuyen esta situación a maniobras entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Lilia Lemoine.
Los pedidos de enjuiciamiento y remoción se basan en presunto mal desempeño e hipótesis de delitos cometidos en el ejercicio del cargo público. Los solicitantes afirman que buscan utilizar el canal institucional previsto en la Constitución de 1853/60 para remover a quienes no cumplen con el juramento de asunción.
En el ámbito de la Cuestión Malvinas, los sectores impulsores critican la postura del gobierno nacional. Sostienen que el presidente Milei ha elogiado al ex dictador Augusto Pinochet y a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, a quien señalan como artífice de la Guerra de Malvinas y de la continuación de la ocupación colonial en el Atlántico Sur.
Asimismo, cuestionan que el presidente asigne a los kelpers el derecho de autodeterminación, sin considerar los pronunciamientos de la ONU. Mencionan la Resolución 1514 (1962) de la Asamblea General, conocida como Declaración Anticolonialista, que a su entender desconoce ese derecho a las poblaciones implantadas por ocupantes territoriales.
En lugar de proponer un Consejo de Seguridad, los sectores firmantes sugieren crear una Comisión Bicameral de seguimiento de la Cuestión Malvinas y Atlántico Sur, integrada respetando la proporcionalidad de los Reglamentos de ambas Cámaras. Argumentan que los representantes del pueblo de la Nación Argentina son los titulares de la soberanía, conforme a los artículos 22 y 33 de la Constitución Nacional.
También invocan los artículos 1.2 de los Pactos Internacionales de la ONU, que declaran de titularidad de los pueblos el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en sus territorios. Señalan que estas normas tienen jerarquía constitucional en el orden jurídico argentino según el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Los impulsores sostienen que el reclamo diplomático debe gestarse con dicha manda institucional y no mediante la compra de armamentos. Rechazan el discurso de la seguridad nacional, recordando que en el fallo histórico de la Causa 13/84 se declaró «plan criminal» al accionar de la dictadura militar.
El texto original concluye que ninguna doctrina de seguridad nacional resolverá el fracaso del plan económico ni el desprestigio del presidente, y cita el dicho popular: «en boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso».