La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación presentada por la defensa de los tres imputados y confirmó la sentencia de primera instancia.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación presentada por la defensa de una pareja y su hijo, condenados por someter a una niña de 13 años a una unión forzada de hecho o matrimonio infantil. La sentencia de primera instancia, dictada en mayo pasado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan, estableció una pena de diez años de prisión para cada uno de los tres imputados por el delito de trata.
El juez Daniel Petrone, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmó la sentencia y rechazó la impugnación presentada por los imputados. En su resolución, consideró que la pertenencia de los acusados a la comunidad gitana y la invocación de sus usos y costumbres “no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación (www.fiscales.gob.ar).
Los imputados son Isabel y Alberto Cristo, padres de Franco Cristo, quien tenía 20 años al momento de los hechos. Según el expediente judicial, entre marzo y abril de 2022, en Neuquén, sometieron a la víctima, identificada como V.S.Y., de 13 años, a una unión forzada de hecho o matrimonio infantil con su hijo Franco.
Tras la unión, los tres acusados trasladaron a la adolescente a Santa Fe, donde hasta diciembre de 2024 habría sido sometida a explotación mediante servidumbre sexual, doméstica y laboral. Según su testimonio, durante ese período fue golpeada, quemada con cigarrillos y agua caliente, insultada y amenazada.
“Además, fue obligada a realizar venta ambulante en condiciones extremas y a encargarse de las tareas domésticas de toda la familia. El dinero obtenido debía ser entregado íntegramente a los imputados, bajo amenaza de dejarla sin comida ni recursos propios. Las exigencias se mantuvieron incluso durante enfermedades, condiciones climáticas adversas y sus embarazos”, informó www.fiscales.gob.ar.
En diciembre de 2024, V.S.Y. se trasladó a San Juan junto a Franco y el hijo que tienen en común, y comenzó a vivir con su familia de origen. El 5 de abril de 2025, Alberto e Isabel Cristo llegaron a San Juan. Al día siguiente, aprovecharon una distracción de los padres de la joven para obligarla por la fuerza a subir a una camioneta con la intención de trasladarla nuevamente a Santa Fe.
“Durante una detención en Caucete, cerca de dos estaciones de servicio, la víctima intentó escapar con su hijo en brazos. Isabel Cristo la persiguió a pie mientras los demás la seguían en la camioneta. Finalmente, la mujer la alcanzó y la obligó a subir nuevamente al vehículo, que se retiró a gran velocidad e infringiendo normas de tránsito. El episodio fue denunciado al 911 por una persona que se encontraba en una estación de servicio y quedó registrado por el Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911 de San Juan. Tras el aviso, personal policial de la Unidad Rural N° 1 logró detener el vehículo y rescatar a la joven y a su hijo”, informó el citado sitio de noticias.
Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos San Juan; el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo de Gabriela Ventimiglia; la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), conducida por la fiscal federal Alejandra Mángano; la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), cuya titular es Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos (Dgradb), bajo la tutela de María del Carmen Chena. En la instancia de Casación, actuó la Fiscalía General N° 1 ante ese tribunal, a cargo del fiscal general Mario Villar y representada por la auxiliar fiscal Natalia Crede.