El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplicará desde el 18 de septiembre una nueva regla de carga pública, reducirá el Estatus de Protección Temporal (TPS) y sumará restricciones a distintas categorías de inmigración legal.
El gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), implementó modificaciones en varios trámites migratorios. Entre los cambios se encuentran la actualización de la regla de carga pública, la reducción del Estatus de Protección Temporal (TPS) y nuevas restricciones a vías de inmigración legal.
Nueva regla de carga pública
El DHS estableció que la nueva regulación de carga pública entrará en vigencia el 18 de septiembre. Esta disposición reemplaza el esquema vigente desde 2022 y amplía el margen de decisión de los oficiales del Uscis.
La evaluación se basará en la “totalidad de las circunstancias”. Los oficiales deberán analizar de manera conjunta elementos como edad, salud, ingresos, bienes, obligaciones económicas, situación familiar, educación y capacidades laborales del solicitante.
El nuevo procedimiento permitirá considerar una mayor cantidad de programas públicos sujetos a comprobación de recursos, entre ellos SNAP, Medicaid, ayudas de vivienda y prestaciones económicas para mantenimiento de ingresos. Sin embargo, el uso de ciertos servicios no será atribuido automáticamente como factor negativo. La utilización de centros comunitarios de salud, programas de alimentación escolar o beneficios recibidos por otros integrantes de la familia no se contabilizará directamente contra el solicitante. Tampoco se evaluarán las asistencias recibidas antes de la entrada en vigor de la norma.
Desde el 18 de septiembre, el Uscis exigirá una nueva edición del formulario I-485 para solicitar el ajuste de estatus. Las versiones anteriores, tanto en papel como electrónicas, dejarán de ser aceptadas. El formulario actualizado incluirá información adicional sobre empleo, finanzas y cobertura médica.
Los abogados de inmigración Cyrus Mehta y Damira Zhanatova, en un análisis publicado en su blog, expresaron: “La nueva norma de carga pública le proporciona a la administración federal otra poderosa herramienta para restringir la inmigración legal”.
Excepciones a la regla de carga pública
La legislación federal mantiene excepciones para refugiados, asilados, víctimas de trata que tramitan visa T, víctimas de ciertos delitos con visa U y personas que solicitan protección bajo VAWA. Estas categorías no quedan sujetas a la prueba de carga pública.
El cambio también genera cuestionamientos por el mayor margen de interpretación otorgado a los oficiales, ya que circunstancias similares podrían recibir evaluaciones diferentes según los elementos analizados en cada expediente.
Reducción del TPS a cuatro nacionalidades
El TPS sufrió una reducción durante el segundo año del segundo gobierno de Donald Trump. Según información disponible al 12 de agosto, el programa continúa vigente para aproximadamente 273.200 personas de El Salvador, Ucrania, Sudán y Líbano. Estas designaciones tienen fechas de vencimiento anteriores al cierre del año en curso, por lo que algunas protecciones comenzarán a finalizar en los próximos meses.
El gobierno puso fin al TPS para ciudadanos de Etiopía, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Camerún, Haití, Myanmar, Nepal, Sudán del Sur, Siria y Yemen. En conjunto, las terminaciones afectaron a más de un millón de personas, aunque algunos beneficiarios continúan amparados por decisiones judiciales.
En el caso de Venezuela, determinados permisos de trabajo emitidos hasta el 5 de febrero de 2025 pueden mantenerse hasta el 2 de octubre. Las terminaciones para Haití y Siria entraron en vigor el 27 de julio después de una decisión de la Corte Suprema. Para Honduras y Nicaragua, el TPS había terminado en septiembre de 2025 y esa decisión fue confirmada por tribunales de apelación en febrero del año en curso. Para Etiopía, la finalización quedó efectiva el 18 de agosto luego de un fallo que permitió al gobierno continuar con el proceso.
El DHS comunicó que las personas cuya protección haya terminado deben abandonar EE.UU. o podrían quedar expuestas a procedimientos de deportación.
Restricciones adicionales a la inmigración legal
El DHS anunció restricciones sobre diferentes vías de inmigración legal, incluida una pausa en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, según los criterios establecidos por la administración federal. El programa de Visas de Diversidad también fue afectado, con el rechazo del procesamiento de aproximadamente 55.000 visas.
De acuerdo con un informe de la National Foundation for American Policy (NFAP), se suman restricciones para refugiados y propuestas para modificar las condiciones bajo las cuales estudiantes extranjeros pueden utilizar el Entrenamiento Práctico Opcional. Además, una decisión reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración limita las posibilidades de utilizar el permiso de reingreso anticipado para salir del país y regresar con una admisión que facilite determinados procesos de ajuste de estatus.