El presidente de la Junta Electoral bonaerense, Sergio Torres, y el juez federal Alejo Ramos Padilla abrieron la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia en La Plata. Ambos coincidieron en la necesidad de previsibilidad y advirtieron sobre los riesgos de cambios apresurados en el sistema electoral.
El presidente de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, y el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla abrieron este lunes la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, que se realiza hasta mañana en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, en La Plata, bajo el lema “Democracia y elecciones en tiempos de transformación tecnológica y política”. El panel de apertura también incluyó a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP Valeria Moreno, y a la consejera electa del Consejo de la Magistratura de la Nación Gabriela Vázquez.
Advertencia de los jueces electorales
En su discurso, Torres pidió “especial prudencia” a quienes diseñan, regulan y ejecutan los procesos electorales, tanto desde el Poder Legislativo como desde el Ejecutivo y los organismos electorales, “frente a cualquier reforma del sistema”. “Los cambios en materia electoral son muchas veces necesarios, pero deben ser cuidadosamente planificados, suficientemente explicados y gradualmente implementados”, sostuvo.
Y advirtió que “las reformas apresuradas, especialmente cuando se aplican inmediatamente después de ser sancionadas, pueden generar incertidumbre, dificultar la capacitación de los ciudadanos y sorprender a los actores políticos con nuevas reglas o procedimientos”. Según planteó, cuando eso ocurre lo que está en juego no es solo una técnica electoral, sino la confianza de la ciudadanía y la integridad del proceso.
El magistrado destacó que, desde la recuperación democrática de 1983, el sistema electoral argentino construyó “un activo particularmente valioso, la confianza ciudadana”. “Más allá de las diferencias políticas o de la conformidad o no con los resultados, no existe en nuestra tradición democrática reciente un cuestionamiento significativo respecto de la integridad del proceso electoral ni de la legitimidad de origen de quienes resultan electos”, afirmó.
Luego, agregó: “Esa confianza constituye un patrimonio institucional de enorme valor, porque la legitimidad de origen es el primer peldaño de la gobernabilidad democrática”. Aclaró, sin embargo, que “la confianza no es un recurso inagotable. Requiere ser preservada mediante reglas claras, administraciones profesionales e instituciones que actúen con independencia, transparencia e integridad”.
Torres recordó que, sin vínculo directo con la materia electoral en su carrera, le correspondió por mandato constitucional presidir la Junta Electoral bonaerense. Lo hizo, contó, en un año “particularmente exigente”, en el que coincidieron las renovaciones de poderes municipales, provinciales y nacionales, con una elección presidencial que incluyó segunda vuelta. Tuvieron que resolverse comicios municipales definidos por márgenes ínfimos, como en Pinamar, donde “la diferencia fue un voto”, o en La Plata, donde se definieron por escasos sufragios. Mirando esa experiencia, afirmó que tanto el sistema electoral provincial como el federal “respondieron con solidez institucional”.
En ese marco, repasó las medidas que impulsó la Junta. Mediante la Resolución 150, el organismo obligó a todos los partidos y agrupaciones municipales de la Provincia a establecer políticas activas y efectivas contra la discriminación por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, salud, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales y los tratados internacionales. También elaboró un anteproyecto de ley para garantizar el voto de los electores procesados privados de su libertad en las elecciones provinciales, un derecho que ya ejercen en los comicios nacionales pero que no pueden ejercer en la Provincia “por una anacrónica previsión legislativa”.
Torres sumó que la Junta detectó “cientos de precandidaturas ilusorias” que no cumplían los requisitos legales y que solo oficializaban listas para percibir fondos destinados a imprimir boletas, lo que permitió evitar “una erogación indebida de fondos del tesoro provincial por un monto millonario”. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y el organismo diseñó un procedimiento técnico para prevenir irregularidades similares. También puso en marcha el proyecto de Expediente Digital Electoral y definió reglas más claras, uniformes y transparentes para la presentación de listas de precandidatos en las primarias. Cerró valorando las jornadas como esta, “espacios de diálogo”.
A su turno, Ramos Padilla, director del Centro de Estudios en Derecho Electoral que organizó la actividad y titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, recordó las experiencias que atravesaron juntos en 2023 y las elecciones desdobladas del año pasado en la Provincia, que fueron “un éxito pese a los augurios que se señalaban, las complicaciones que se nos anticipaban”.
Dijo que ambas experiencias “demuestran que hay un compromiso por parte de las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires de fortalecer el sistema democrático”. Y solicitó “poner recursos a disposición de la justicia electoral para lograr que con medios tecnológicos podamos llevar adelante elecciones prolijas, transparentes y confiables”, al tiempo que planteó entender el sistema electoral “no como un gasto”.
El juez defendió la democracia como sistema. “No hay ningún sistema perfecto, la democracia también tiene sus deudas”, reconoció, pero sostuvo que “es el único sistema que le permite al ciudadano, a través de un voto informado, participar e incidir en las decisiones de Estado”. En ese marco, el magistrado advirtió además sobre el costo de la desconfianza: si los sistemas electorales están plagados de denuncias de fraude, dijo, “no solamente se deteriora la legitimidad del proceso electoral, la legitimidad de las autoridades electorales, sino lamentablemente se deteriora la legitimidad del gobierno”.
Ramos Padilla se refirió al balotaje de Brasil. “Ayer vimos un proceso electoral en Brasil” que atravesó enormes dificultades, señaló, y las más notorias tuvieron que ver con la desinformación y con el uso de las plataformas para afectar el voto de la ciudadanía. “Eso no es nuevo, ha pasado también en Estados Unidos”, dijo, y recordó que el propio Donald Trump tuvo un conflicto con Twitter. Agregó que Brasil y la Argentina también tienen antecedentes, antes a través de los medios audiovisuales y gráficos y ahora de las redes sociales.
En ese sentido, consideró que las primeras palabras de Lula da Silva tras su triunfo “podrían ser la mejor introducción de este Congreso”, porque planteó la necesidad de fortalecer el sistema electoral y de regular las plataformas para que el voto informado se base en premisas como “la igualdad, la verdad, la transparencia”.
Sobre la regulación, admitió que hoy “no tenemos capacidad siquiera de regular” las plataformas y que el único intento en el país es un acuerdo de cooperación de la Cámara Nacional Electoral. Alertó que el tema todavía no despierta el interés de las instituciones y que “no es algo que podamos continuar mucho tiempo ajenos a esa situación”.
El magistrado también cuestionó el funcionamiento interno de las fuerzas políticas. “No es posible que las candidaturas se definan en lo que se denomina comúnmente un pasillo o una mesa chica, sino que tiene que haber mecanismos democráticos hacia dentro de los partidos políticos”, afirmó.
Sobre el debate en torno a la continuidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el juez sostuvo que, si se las quiere analizar a partir del gasto que implican, hay que evaluar el sistema en toda su evolución. Recordó que las primarias también cumplen una función ordenadora: a las elecciones generales solo concurrieron los partidos que superaron el 1,5% de los votos.
“Se quiere introducir el tema del gasto, pero (…) es importante que se lo analice en toda su [evolución]. Las PASO, al fin y al cabo, también son ordenadoras de la oferta electoral. (…) Estas primarias también ordenaron la oferta política nacional y a las elecciones generales concurrieron solamente aquellos partidos que tuvieron un desempeño mayor al 1,5%”, afirmó.
Ramos Padilla cerró con un pedido a los políticos que participarán del congreso. “Tanto la Cámara Nacional Electoral como los jueces electorales, lo que siempre pedimos, pero no lo pedimos en nombre propio, lo pedimos en nombre de la ciudadanía, es que estas decisiones se tomen en los años no electorales”, aseveró. Explicó que no es “porque no podamos abordar alguna de las decisiones” sino porque “la previsibilidad nos permite a nosotros tomar decisiones para hacer procesos electorales más potentes, más transparentes” y darles “mayor legitimidad al proceso electoral”.
La jornada continúa hoy con un panel sobre la reforma electoral nacional y las perspectivas para 2027, con los legisladores nacionales Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza), Sebastián Galmarini (Frente Renovador) y Vanesa Siley (Unión por la Patria). A las 16, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, participará de un diálogo interinstitucional sobre la organización electoral en la Provincia junto con la ministra de la Suprema Corte Hilda Kogan, la directora general de Cultura y Educación Flavia Terigi y el fiscal de Estado Hernán Gómez. Mañana, la senadora provincial Malena Galmarini entregará la Declaración de Interés Legislativo y habrá un panel sobre los debates pendientes del sistema electoral bonaerense con la diputada Sofía Vannelli, Diego Garciarena, Guillermo Montenegro y Matías De Urraza.