La ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Patricia Orantes, presentó una nueva iniciativa de Ley para regular el uso del agua, que se suma a más de 30 proyectos registrados desde 1958. La propuesta fue acogida por un grupo de diputados de la Comisión de Ambiente del Congreso.
La ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Patricia Orantes, presentó una nueva iniciativa de Ley para regular el uso del agua. La propuesta fue acogida por un grupo de diputados de varios partidos políticos, integrados en su mayoría en la Comisión de Ambiente del Organismo Legislativo. El Ejecutivo no la presentó, pese a que el presidente Bernardo Arévalo prometió una hoja de ruta y un proceso de consulta para la construcción del anteproyecto.
Según la funcionaria, la iniciativa recoge el espíritu de otras presentadas anteriormente y pretende establecer una hoja de ruta para la administración del recurso hídrico, además de incluir aspectos sobre derechos de uso, acceso y recuperación de bosques en las cuencas.
Esta nueva propuesta se suma a más de 30 proyectos presentados desde 1958, cuando el expresidente Miguel Ydígoras Fuentes creó la Comisión Nacional de Riego, que tenía entre sus propósitos elaborar un anteproyecto de ley de aguas. Esa propuesta no prosperó. En 1962 se aprobó la Ley de Transformación Agraria (Decreto 1551), que incluyó regulaciones sobre el uso de aguas públicas para aprovechamiento agropecuario y riego.
En 1985, la nueva Constitución Política de la República de Guatemala estableció en su artículo 127 la creación de una ley específica para regular el uso, goce y aprovechamiento del agua. La primera propuesta formal tras la Constitución ingresó en 1990, pero no obtuvo consenso entre los diputados.
En 1993, la Iniciativa 891 («Ley General de Agua») fue incluida en el orden del día para su lectura y discusión en el pleno el 25 de mayo de ese año. Ese mismo día, el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías detuvo el proceso legislativo, que se concentró en la recuperación del orden constitucional.
Según registros parlamentarios, entre 1990 y 2016 se acumularon 27 iniciativas presentadas por distintos bloques, organizaciones sociales y el Ejecutivo durante las administraciones de Vinicio Cerezo, Álvaro Arzú y Jimmy Morales, entre otros.
Diversos sectores han señalado factores que impiden el avance de la normativa. Entre ellos: choque de intereses económicos (el sector privado, agroindustria e hidroeléctricas temen restricciones o tarifas; poblaciones locales y organizaciones indígenas defienden el agua como bien común), temor a la burocracia y desconfianza en la capacidad estatal para fiscalizar, y falta de costo político para el Congreso, que prefiere no incluir el tema en la agenda legislativa.
La mayoría de las propuestas han quedado dictaminadas desfavorablemente o sin tratamiento en comisiones, lo que convierte a la Ley General de Aguas en una de las deudas legislativas más prolongadas del país.