Los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado coincidieron en que la separación de poderes debe mantenerse como garantía esencial del Estado, y expresaron sus expectativas sobre el diálogo institucional con el nuevo gobierno.
Las principales autoridades de la justicia colombiana esperan que la llegada del nuevo gobierno esté acompañada de una relación institucional basada en el respeto y la independencia de poderes. Los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado coincidieron en que la separación de poderes debe mantenerse como una garantía esencial del Estado.
Durante una entrevista con Blu Radio, los magistrados hablaron sobre los retos de la rama judicial frente al gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia tras ser elegido por la mayoría de los colombianos. En sus intervenciones insistieron en que las instituciones deben estar por encima de los cambios políticos.
La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, señaló que la labor de los jueces no depende de los gobiernos que estén en el poder, pues su responsabilidad está relacionada con la protección de la Constitución y el cumplimiento de las normas. “La democracia ha hablado. El doctor Abelardo de la Espriella fue elegido por la mayoría de los colombianos. La justicia siempre tiene que estar actuando para que se garantice la separación de poderes y la independencia judicial”, dijo.
Meneses explicó que quienes ocupan cargos públicos y judiciales tienen periodos determinados, pero las instituciones deben mantenerse como base del funcionamiento democrático. “Los gobiernos pasan, los magistrados que estamos en las altas cortes también pasamos, pero lo que siempre tiene que prevalecer es la institucionalidad, la Constitución, el imperio de la ley y las reglas que acogimos en la Constitución Política de 1991”, destacó.
El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, contó que el mandatario electo tuvo un primer acercamiento con los presidentes de las altas cortes antes de recibir oficialmente su credencial. Según explicó, ese encuentro fue una señal de respeto hacia la institucionalidad y hacia el papel de los jueces. “El mensaje que él dio fue un gesto porque para él es muy importante el respeto a la institucionalidad y, dentro de ese respeto, el respeto por los jueces”, mencionó. Después de ese contacto se realizó una visita informal al Palacio de Justicia.
La conversación también permitió revisar la relación entre la justicia y el gobierno saliente de Gustavo Petro, periodo que estuvo marcado por diferencias y momentos de tensión entre ambas ramas del poder público. Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que espera que el próximo periodo presidencial permita construir un diálogo más fluido entre las instituciones y destacó la importancia de que existan canales de comunicación adecuados.
“La justicia va a seguir siempre cumpliendo su rol como garante sereno del orden constitucional y legal. Esperaría que con este nuevo comienzo haya un diálogo armónico institucional. Es mejor para la ciudadanía, para que el Estado funcione y para la justicia misma”, precisó. Lenis recordó que durante la administración de Petro hubo dificultades para mantener una relación estable con la rama judicial. “En este gobierno una característica es que no se facilitó ese diálogo armónico, ese diálogo institucional de manera armónica. Eso fue tensionado”, afirmó.
Montaña también se refirió a ese periodo y aseguró que el Consejo de Estado tuvo que pronunciarse públicamente en diferentes ocasiones para defender la independencia judicial. “Sería contraevidente decir que hubo unas relaciones armónicas por completo”, señaló. El magistrado agregó que la jurisdicción contencioso administrativa acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer su preocupación frente a algunas respuestas que recibieron decisiones judiciales.
“Una cosa es no estar de acuerdo con una decisión y otra cosa es no cumplirla”, dijo. Además, explicó que las críticas a los fallos pueden existir dentro de una democracia, pero que calificar las decisiones judiciales como golpes de Estado no corresponde a los principios de un Estado de Derecho.
“Es perfectamente normal disentir de una decisión y opinar sobre ese disenso, pero frente a una decisión decir que se está haciendo un golpe de Estado por parte de los jueces, en mi opinión, no son reacciones normales”, concluyó. Los presidentes de las cortes señalaron que el funcionamiento institucional requiere que cada rama del poder público cumpla sus funciones sin interferencias. Para los magistrados, el respeto por las decisiones judiciales y la posibilidad de expresar desacuerdos dentro de los canales establecidos son elementos fundamentales para preservar el equilibrio democrático.