Mariano Páez, de 58 años, fue arrestado junto a su pareja María Soledad Batule por el presunto robo de $1.500.000 en un comercio de materiales para la construcción. La detención se realizó en Santiago del Estero por orden del juez Silvio Salice.
Mariano Páez, padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil por gestos racistas, fue detenido en las últimas horas acusado por el robo de dinero en efectivo en un comercio de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. La detención se produjo en el marco de una investigación iniciada por una denuncia presentada por la empresa Lo Bruno, dedicada a la venta de materiales para la construcción.
Según la denuncia, el hecho ocurrió el 10 de octubre en el local comercial. Páez, de 58 años, habría ingresado acompañado por su pareja actual. Mientras ambos esperaban en el sector de caja, una empleada habría dejado una suma de dinero en efectivo junto a la ventanilla de pagos. El hombre, según lo denunciado, tomó un fajo de alrededor de $1.500.000 y se lo entregó a su pareja, tras lo cual ambos se retiraron del local.
Tras un llamado a la policía, los agentes analizaron las cámaras de seguridad y constataron que se trataba de Páez. El representante de la empresa se presentó ante las autoridades para realizar la denuncia y se iniciaron los allanamientos correspondientes por parte del personal del Departamento Robo y Hurto de Las Termas.
El operativo final se llevó a cabo en una propiedad sobre calle Alvear del barrio Alberdi de la capital santiagueña. Por orden del juez de Control y Garantías, Silvio Salice, la policía procedió al arresto de Páez. Durante el procedimiento, también se detuvo a su pareja, María Soledad Batule, de 34 años, por ser presunta coautora del hecho.
Entre los elementos incautados se encuentra la suma total de $632.600 en efectivo y una camioneta marca Toyota RAV4, propiedad del imputado. Los agentes también secuestraron las prendas que vestía Páez al momento del robo: un buzo gris con rayas blancas, una campera azul y otra de color turquesa. Los detenidos continuarán alojados a la espera de ser indagados por el fiscal Emanuel Sabater.
Escándalo en un bar
En abril de este año, Mariano Páez protagonizó un episodio en la capital santiagueña. No habían pasado ni 24 horas del regreso de su hija a la Argentina tras haber permanecido detenida más de dos meses en Río de Janeiro por realizar gestos racistas a unos brasileros con quienes había discutido, que el empresario fue a un bar y realizó gestos similares a los de un mono, los mismos por los que su hija fue imputada en enero en Brasil.
La secuencia, filmada por un testigo, corresponde a una salida nocturna de Páez a Oculto, un conocido bar bailable del centro de la ciudad. Fue al local junto a su ahora expareja, quien meses atrás lo había denunciado por violencia de género.
En las imágenes que se viralizaron de ese momento se lo escuchaba al hombre decir que la multa de US$18.000 que tuvo que pagar su hija en compensación por los gestos racistas fue puesta por él, y que no recibió “un solo peso” del Estado nacional o el provincial. Afirmaba, además, que siente asco por el Estado. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, decía.
Luego de ese escándalo, Páez aseguró que las filmaciones fueron realizadas con inteligencia artificial. Pero pocos minutos después, su hija publicó un descargo en redes sociales desvinculándose de los actos de su padre y tomando por ciertos los videos.
El episodio de Agostina Páez
Páez permaneció más de dos meses retenida y monitoreada con una tobillera electrónica en Brasil. Fue acusada de injuria racial luego de que se viralizara un video en el que realizaba gestos similares a los de un mono hacia un grupo de trabajadores de un bar de Río de Janeiro.
El incidente escaló rápidamente a una causa penal bajo las estrictas leyes de injuria racial en Brasil. Luego de 45 días con tobillera electrónica en un departamento de la ciudad carioca, en una de las audiencias la Justicia brasileña dispuso que, tras el pago de una caución de US$18.000, podía regresar a la Argentina.