El director de la Agencia Nacional de Tierras respondió a las acusaciones del comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, asegurando que el convenio fue auditado jurídica y fiscalmente.
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, defendió el convenio entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) luego de que el comité de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, presentara denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato relacionado con la adjudicación de predios para la reforma agraria.
Harman respondió a través de un video publicado en sus redes sociales desde la finca La Primavera, un predio entregado a beneficiarios de la reforma agraria que, según explicó, hace más de dos semanas fue escenario de un ataque armado contra campesinos.
En su intervención, Harman rechazó los señalamientos del denominado “Equipo Dorado Anticorrupción” del proceso de empalme y afirmó que el convenio con la SAE fue revisado desde el punto de vista jurídico y fiscal, además de contar con las garantías constitucionales y legales para su ejecución.
“Si hay una actuación de la que me siento profundamente orgulloso al frente de la Agencia Nacional de Tierras es de quitarle tierra a la mafia y entregársela a los campesinos del país”, declaró.
Harman sostuvo que el convenio entre la ANT y la SAE permitió avanzar en la entrega de tierras a población rural y rechazó que ahora se pretenda poner en duda su legalidad. “El convenio con la SAE no solamente ha sido un convenio auditado jurídicamente, fiscalmente, sino que además reviste las condiciones y las garantías constitucionales y legales para manifestar su eficacia y la operatividad que ha dado por fin tierra a los más pobres de Colombia”, manifestó.
Durante su declaración, Harman afirmó que “hoy, con este manto de duda, lo que se está buscando abiertamente y de manera regresiva es devolverle la tierra a la mafia”. Según explicó, los recursos transferidos por la ANT a la SAE funcionaban como un fondo de garantía frente a eventuales decisiones judiciales relacionadas con los predios administrados por esa entidad. “El pago que nosotros le hicimos a la Sociedad de Activos Especiales no ha funcionado de una manera mejor que como un fondo de garantías (…) para que en un escenario de un revés jurídico se devuelva la plata equivalente a la tierra y no la tierra”, sostuvo.
Harman también cuestionó la postura del gobierno entrante frente a las denuncias presentadas durante el proceso de empalme. “Yo sí quiero decirle al nuevo gobierno que fije una posición. ¿Realmente le quieren devolver la tierra a la mafia? ¿Realmente quieren deshacer el sinnúmero de compromisos en el que nosotros recuperamos los activos de los traquetos de este país?”, preguntó.
Para el exdirector de la ANT, los cuestionamientos al convenio constituyen una ofensa contra los beneficiarios de la reforma agraria, al considerar que desconocen el proceso adelantado para utilizar bienes administrados por el Estado en favor de comunidades campesinas. Además, afirmó que continuará defendiendo la legalidad del convenio “en la instancia que sea necesaria”.
Las declaraciones de Harman se produjeron luego de que el comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella informara sobre los primeros resultados de una auditoría forense realizada a la Agencia Nacional de Tierras. El abogado Germán Calderón España, integrante del denominado Equipo Dorado Anticorrupción y futuro director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, confirmó la radicación de una denuncia penal relacionada con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la ANT.
En el documento presentado ante las autoridades se solicita investigar a Juan Felipe Harman y a otros funcionarios que eventualmente hayan participado en las actuaciones objeto de la denuncia, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Según el equipo de empalme, la auditoría identificó desembolsos por cerca de un billón de pesos realizados por la ANT a favor de la SAE en desarrollo del Contrato Marco No. 5100 y otros contratos interadministrativos suscritos durante 2024.
De acuerdo con los hallazgos expuestos por el comité de empalme, el principal reparo radica en que se habrían desembolsado importantes recursos sin que existiera una ejecución material equivalente, debido a que varios predios aún no contarían con títulos plenamente saneados ni habrían sido entregados formalmente a los beneficiarios. La auditoría también advirtió un riesgo jurídico para las familias campesinas, al considerar que podrían recibir predios cuya situación legal no estaría completamente resuelta.
Como resultado de esos hallazgos, el equipo de empalme anunció la presentación de denuncias penales, fiscales y disciplinarias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que deberán determinar si existieron o no irregularidades en la ejecución del convenio.