El presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, presentó un recurso judicial para postularse a la reelección en el Consejo de la Magistratura. La iniciativa enfrenta el rechazo de aliados, adversarios y el kirchnerismo, en medio de un debate sobre la interpretación de la ley.
El presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, quien integra el Consejo de la Magistratura, anunció que buscará la reelección en su cargo y presentó un recurso ante la Justicia Contencioso Administrativo. La decisión generó oposición de sus aliados, adversarios y el kirchnerismo en el organismo encargado de nombrar y remover magistrados.
El Consejo de la Magistratura está compuesto por 20 representantes de jueces, abogados, académicos y legisladores, y es presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. La renovación de mandatos está prevista para el 20 de octubre, con un calendario electoral que comienza 60 días antes.
Este año vencen los cuatro mandatos de los jueces. Barroetaveña planteó a la justicia la posibilidad de su reelección, y en caso de ser admitido, lo acompañaría la jueza civil Agustina Díaz Cordero, también miembro del Consejo e integrante de la lista Bordó. Los otros dos jueces, Alejandra Provítola (Compromiso Judicial) y Alberto Lugones (agrupación Celeste), ya anunciaron que no se postularán a la reelección. En el espacio Celeste, más cercano al peronismo, se perfilan las candidaturas del juez del tribunal oral Walter Venditti y del juez federal Alejo Ramos Padilla.
Barroetaveña presentó el mes pasado ante el juzgado de Enrique Lavié Pico una acción declarativa de certeza para que avalen su postulación. Según el magistrado, existe incertidumbre sobre si rige la ley original de creación del Consejo, que permitía la reelección, o la ley más reciente, que exige un intervalo de un período para postularse. El conflicto surgió, según Barroetaveña, porque la Corte Suprema en el fallo «Colegio» volvió a la ley original del Consejo, que prevé una integración de 20 miembros y al presidente de la Corte como presidente del Consejo, lo que reincorporaría la cláusula de reelección. Quienes se oponen argumentan que el fallo no convalidó ese artículo, sino solo aspectos vinculados con la integración y cantidad de miembros.
La oposición a la reelección se da incluso dentro de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. El presidente de la asociación, juez Andrés Basso, se opone y se postula para integrar el Consejo, con apoyo de delegados del interior. Las diferencias reflejan distintas miradas sobre la práctica de la reelección.
Se pronunciaron en contra la agrupación Será Justicia y la asociación civil Fores, así como el kirchnerismo. Será Justicia se presentó como Amicus Curiae ante el juzgado de Lavie Pico para exigir el rechazo de la demanda y la medida cautelar. En su escrito, sostienen que «admitir la interpretación que pretende para su reelección el juez Barroetaveña implicaría alterar las reglas de alternancia previstas por el legislador y abrir un precedente que permitiría la permanencia sucesiva en cargos de enorme relevancia institucional». También afirman que la sentencia de la Corte Suprema en el caso «Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires» no declaró inválido el régimen legal sobre duración de mandatos y reelección.
Fores, por su parte, advirtió que la ley «impide la reelección inmediata de los consejeros» y que el artículo 3 de la ley 24.937 establece que los consejeros duran cuatro años y solo pueden ser reelectos con intervalo de un período. El presidente de Fores, Pablo Pirovano, declaró que «las instituciones se fortalecen cuando las reglas son claras y se aplican con independencia de las personas involucradas».
El kirchnerismo también se manifestó en contra. Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tahilade enviaron una nota a la secretaria de Asuntos Jurídicos del Consejo, Micaela Soledad Figueredo, donde señalan que Barroetaveña «pretende forzar» la ley y que su intención «no tiene sustento normativo», contradice a la Corte y «violenta» las reglas.
La Corte Suprema observa el proceso. El juez Ricardo Lorenzetti está en desacuerdo con la posibilidad de reelección, mientras que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti no se pronunciaron. En el Palacio de Justicia se percibe desagrado ante la situación.
Si se admite la reelección de los jueces, es posible que los abogados también busquen esa vía. Se eligen cuatro consejeros abogados para el período 2026-2030, con requisitos de paridad de género y representación federal. Los cargos que se renuevan son los de Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital no se pronunció, aunque entre sus directivos hay abogados que objetan la reelección. El operador judicial Daniel Angelici aspira a influir en el Consejo avalando a un postulante.
La convocatoria del estamento de jueces debería realizarse hacia mediados de septiembre. Los postulantes deben incluir dos jueces de cámara, dos de primera instancia, con paridad de género y al menos un magistrado federal del interior.
Entre los legisladores, los mandatos vencen en noviembre de 2026. Los ocho consejeros políticos (cuatro senadores y cuatro diputados) son designados por los presidentes de cada Cámara a propuesta de los bloques. El Gobierno cuenta con dos consejeros propios: Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo, y el diputado Gonzalo Roca (La Libertad Avanza), quien juró el 18 de diciembre de 2025 en reemplazo de Roxana Reyes. A ellos se suman aliados dialoguistas como los senadores Eduardo Vischi (UCR) y Luis Juez (Frente Cívico), y el diputado Álvaro González (Pro, larretista). Así, el oficialismo y sus afines suman cinco de los nueve del sector político. Enfrente, el kirchnerismo retiene cuatro legisladores: los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, y los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.
Los académicos ya resolvieron su elección: Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, fue electo consejero.