La jueza Sparkle Sooknanan anuló la ampliación del sistema SAVE, que permitía usar datos del Seguro Social para verificar padrones electorales. El fallo consideró que la herramienta violaba leyes de privacidad y seguridad social.
La jueza federal Sparkle Sooknanan anuló el 22 de junio de 2025 la ampliación del Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE). La reforma había sido impulsada tras una orden ejecutiva de Donald Trump y permitía usar registros del Seguro Social, información sensible y consultas masivas para revisar padrones electorales.
La decisión dictada por Sooknanan favoreció a League of Women Voters, sus filiales estatales y al Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC), que cuestionaron el rediseño de la herramienta federal. La magistrada dejó sin efecto el SAVE modificado de 2025 y anuló los avisos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración del Seguro Social (SSA), que habían formalizado la expansión.
El fallo sostuvo que las agencias federales crearon un banco centralizado con información privada de ciudadanos estadounidenses, incluyendo números de Seguro Social, condición de ciudadanía y otros datos protegidos. League of Women Voters celebró el fallo en un comunicado. Marcia Johnson, directora de activación y justicia de la organización, afirmó: “Los esfuerzos para crear una base federal de votantes para facilitar purgas electorales amenazan el derecho fundamental en el corazón de nuestra democracia”.
Joan Porte, presidenta de League of Women Voters of Virginia, declaró que la decisión protege a votantes frente a un sistema ilegal y propenso a errores. M. Christian Green, presidenta de la sede en Luisiana, sostuvo que el fallo marca un límite al uso indebido de información personal por parte del gobierno federal.
El conflicto comenzó tras una orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de marzo de 2025, titulada “Preservar y Proteger la Integridad de las Elecciones Estadounidenses”, que pidió a agencias federales facilitar herramientas para verificar la ciudadanía de personas registradas para votar. A partir de esa instrucción, el DHS y la SSA firmaron un acuerdo para conectar SAVE con archivos del Seguro Social. La modificación se lanzó el 22 de mayo de 2025, sin aviso previo ni período de comentarios. Sooknanan aseguró que las agencias actuaron con prisa para cumplir la orden ejecutiva.
SAVE existía desde 1986 y su uso tradicional apuntaba a confirmar estatus migratorio o nacionalidad para beneficios públicos. La reforma de 2025 cambió ese alcance. La jueza identificó tres modificaciones principales: inclusión de registros de ciudadanos nacidos en Estados Unidos, acceso a archivos del Seguro Social y consultas masivas. Estos cambios permitían a autoridades estatales y locales usar la plataforma para revisar padrones, transformando una plataforma migratoria en un mecanismo federal de verificación electoral.
Uno de los puntos centrales del caso fue el impacto sobre ciudadanos naturalizados. La jueza explicó que la SSA no siempre tiene información actualizada sobre cambios de estatus migratorio. Una persona pudo pedir su número de Seguro Social antes de naturalizarse; si no actualizó ese dato, el archivo podía marcarla como no ciudadana. El fallo recalcó que esos errores podían activar pedidos de prueba adicional, cancelaciones de registros electorales o investigaciones estatales.
La demanda incluyó testimonios de personas afectadas. Entre ellas figuró J. Doe 1, una profesora universitaria de Texas y ciudadana naturalizada, cuyos datos del Seguro Social fueron incorporados a SAVE con una marca incorrecta de no ciudadanía. La demanda original se presentó el 30 de septiembre de 2025. El expediente también mencionó a votantes que recibieron avisos para demostrar su ciudadanía; algunos tuvieron que presentar documentos dentro de plazos fijados para conservar su inscripción, y otros casos llegaron a cancelaciones de registro.
Sooknanan sentenció que el SAVE modificado violó la Ley de Seguridad Social, que protege los números de Seguro Social y registros relacionados frente a divulgaciones no autorizadas. El veredicto también concluyó que las agencias violaron la Ley de Privacidad de 1974, que protege a las personas frente al uso y divulgación de registros personales sin consentimiento. La jueza subrayó que la ley exige avisos claros cuando una agencia crea o modifica un sistema de registros, y una oportunidad real de comentarios antes de aplicar un nuevo uso de la información.