El Gobierno de España reportó 900.000 solicitudes de regularización de migrantes, con 360.000 admitidas a trámite, a dos semanas del vencimiento del plazo el 30 de junio. Organizaciones sociales denuncian trabas burocráticas y piden una prórroga.
El Gobierno de España ha contabilizado 900.000 solicitudes de personas extranjeras para regularizar su situación migratoria, a 15 días de que finalice el plazo de presentación, fijado para el 30 de junio. Esta cifra marca un nuevo récord respecto a procesos anteriores, según informó el diario El País.
Del total de solicitudes, cerca de 360.000 ya fueron admitidas a trámite, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que llamó a completar los trámites para que “nadie se quede fuera” del proceso.
No obstante, entidades sociales colaboradoras de Extranjería denunciaron “trabas burocráticas, controles policiales y deportaciones exprés” desde el inicio del proceso en abril. Para solicitantes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia, la obtención del certificado de antecedentes penales es especialmente difícil, debido a la falta del mecanismo de apostilla de La Haya. Además, muchos enfrentan dificultades para conseguir el certificado de vulnerabilidad en servicios sociales municipales, requerido para quienes no trabajaron en España con contrato ni tienen hijos a cargo.
El movimiento Regularización Ya señaló que el aislamiento de trabajadores migrantes como jornaleros e internas en el servicio doméstico complica su acceso al proceso. “Hay personas que trabajan de lunes a sábado, e incluso hay internas que solo pueden salir tres horas cada 15 días”, declaró a Infobae Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya en Valencia e integrante de la Unidad Móvil Migrante para la DANA. Cabrera agregó que las trabajadoras internas tienen problemas para acreditar cinco meses de residencia continua y demostrar su llegada antes del 31 de diciembre de 2015: “No pueden obtener esas pruebas porque están encerradas en una casa”.
Ante esta situación, organizaciones sociales reclamaron una extensión del plazo más allá del 30 de junio, aunque el Ejecutivo mantiene esa fecha. Regularización Ya registró, a través de Podemos, Sumar, Eh Bildu, ERC y BNG, una proposición no de ley en el Congreso para solicitar facilidades en la legalización de documentos y la asignación automática de citas para la toma de huellas. También pidieron la paralización de deportaciones de personas en proceso de regularización, reivindicación respaldada el 1 de junio por el Defensor del Pueblo.
Con información de la agencia EFE.