Un juez federal anuló medidas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que suspendían trámites de asilo y beneficios para migrantes de 39 países, incluidos venezolanos y cubanos.
El juez federal John J. McConnell Jr, del distrito de Rhode Island, anuló cuatro disposiciones implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) que pausaban el procesamiento de solicitudes de asilo y beneficios migratorios. La resolución, de más de 135 páginas, calificó dichas políticas como “arbitrarias y caprichosas” y contrarias a la ley.
Las medidas anuladas incluyen:
- Pausa global de asilo: suspendía el procesamiento de todas las solicitudes de asilo y remociones, sin distinción del país de origen.
- Pausa de beneficios: detenía la adjudicación de tarjetas de residencia, ciudadanía y permisos de trabajo para personas de 39 países específicos, denominados “países con prohibición de viaje”, entre ellos Venezuela y Cuba.
- Re-revisión exhaustiva: obligaba a revisar beneficios ya aprobados para personas de esos 39 países que hubieran ingresado a EE.UU. después del 20 de enero de 2021.
- Política de factores específicos por país: instruía a los oficiales del Uscis a considerar el país de origen como un “factor negativo significativo” al decidir sobre solicitudes discrecionales.
En el escrito, el juez señaló que “hace más de seis meses, el Uscis estableció una serie de políticas que afectaban la vida de millones de migrantes que viven en EE.UU. bajo un limbo migratorio” y que desde entonces “las personas afectadas tienen prohibido recibir decisiones finales sobre sus casos de asilo, permisos de trabajo y green card”.
McConnell Jr declaró que estas normativas eran “contrarias a la ley” y “caprichosas”, y enfatizó que la agencia tenía la obligación legal de adjudicar las solicitudes y no contaba con discreción para dejar de procesarlas de manera indefinida. “Los miembros han seguido los procesos legales que el Congreso promulgó por ley para obtener beneficios migratorios”, agregó el magistrado. “Han presentado la documentación que corresponde, pagado las tasas requeridas y se han sometido a la toma de datos biométricos solicitada”.
James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que “la administración es racista, por lo tanto, una política que no me gusta está motivada por la raza y es inválida” y sostuvo que esto se ha aplicado a todas las políticas del DHS durante la era Trump. La declaración fue publicada por The New York Times.
Por su parte, organizaciones sin fines de lucro como Democracy Forward celebraron la medida. Skye Perryman, presidenta de la asociación, declaró: “El gobierno federal no puede cerrar las vías de inmigración legales ni discriminar a las personas por su origen”.