Un informe de la OCDE indica que el 67% de los países miembros tenía en 2025 un marco regulatorio formal sobre lobbying, frente al 55% de 2022. El debate académico se centra en si esta práctica mejora o distorsiona la calidad democrática de las políticas públicas.
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado en 2026, en 2025 el 67% de los países miembros contaban con algún marco regulatorio formal sobre lobbying, incluyendo definiciones de la actividad y sanciones por incumplimiento. En 2022, ese porcentaje era del 55%.
El informe señala que en Europa y Estados Unidos la regulación del lobbying nunca fue tan extensa como en la actualidad. No obstante, la desconfianza ciudadana en las instituciones no habría disminuido, según el mismo documento.
En el ámbito de la ciencia política, existen dos perspectivas principales sobre el lobbying. La tradición pluralista, representada por autores como Truman (1951), Dahl (1956) y Milbrath (1960), sostiene que los grupos de interés son una expresión legítima de la libertad de asociación y petición a las autoridades. Desde esta óptica, el lobbying constituye una forma de democracia participativa descentralizada que permite la participación de múltiples intereses, donde el intercambio de información entre grupos y decisores produce equilibrios funcionales.
En contraposición, la tradición crítica, representada por Stigler (1971), Lowi (1979) y Gilens y Page (2014), sostiene que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses corporativos tienen impactos sustanciales sobre la política de gobierno, mientras que los ciudadanos promedio y los grupos de interés con acceso limitado tienen bajo nivel de influencia. Gilens y Page analizaron 1.779 decisiones de política pública en Estados Unidos y encontraron que las preferencias de las élites económicas predicen los resultados legislativos.
El debate académico se centra en si los marcos institucionales existentes tienen la capacidad de distinguir cuándo la influencia de los grupos de interés mejora la calidad de las decisiones públicas y cuándo las distorsiona en beneficio de intereses particulares. La pregunta que emerge es qué arquitectura institucional permite que el acceso diferencial al proceso de formulación de políticas públicas sea una fuente de información y legitimidad, y no un mecanismo de traducción de recursos privados en influencia regulatoria.