Un tribunal laboral brasileño ordenó la exclusión provisional del fabricante chino de automóviles de la denominada ‘lista sucia’, tras considerar que su inclusión podría haber sido ilegal. La decisión se produce un día después de conocerse la incorporación de la empresa al registro.
Un tribunal brasileño emitió una orden judicial que excluye, de manera provisional, al fabricante de automóviles chino BYD de la lista de empleadores que sometieron a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud, conocida popularmente como la «lista sucia». La medida se produce apenas 24 horas después de que se conociera la noticia de que la empresa había sido incluida en el registro junto a otras 168 compañías.
La orden, fechada este miércoles y emitida por el juez Luiz Fausto Marinho de Medeiros, indica que incluir a BYD en la lista fue posiblemente ilegal, ya que la decisión se basó en la premisa de que la empresa era el verdadero empleador de los trabajadores. La resolución es apelable, según informó la agencia Reuters.
La firma fue incorporada al caso en 2024, luego de que un contratista de BYD empleara a 163 trabajadores para la construcción de su planta en Camaçari, estado de Bahía. Según los reportes, algunos de esos trabajadores tenían contratos que estipulaban la entrega de sus pasaportes, el envío directo de la mayor parte de sus salarios a China y el pago de un depósito de casi 900 dólares, recuperable solo después de seis meses de trabajo. Las autoridades describieron las condiciones de alojamiento como «degradantes».
En aquella oportunidad, las autoridades afirmaron que BYD era, en última instancia, responsable de las condiciones de los trabajadores, ya que debía supervisar a sus contratistas. El total de trabajadores rescatados en la operación ascendió a 224.
Más allá del daño reputacional, ser incluido en la «lista sucia» impide a las empresas obtener ciertos tipos de préstamos de los bancos brasileños. La decisión judicial se conoce en un contexto en el que BYD había anunciado recientemente una nueva inversión en el país.
BYD Brasil no respondió al pedido de comentarios solicitado por medios locales, tal como tampoco lo hizo el Gobierno a través de sus voceros o canales oficiales. La empresa había declarado anteriormente que no tenía conocimiento de ninguna infracción hasta que los medios brasileños publicaron informes a finales de noviembre de 2024.