El proyecto de ley busca aprobar un acuerdo por USD 171 millones con acreedores que mantenían juicios contra el país en tribunales de EE.UU., estableciendo como plazo límite el 30 de abril.
El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley para aprobar el acuerdo alcanzado con dos grupos de fondos acreedores, conocidos popularmente como ‘fondos buitre’, que continuaban litigando contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos. La iniciativa establece pagos por un total de USD 171 millones y fija un plazo límite para su aprobación parlamentaria.
Según el texto oficial, el acuerdo contempla desembolsos por USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para el grupo encabezado por Attestor. El Ejecutivo sostiene que logró una quita superior al 30% sobre los montos originalmente en disputa. El convenio establece como fecha límite el 30 de abril; de no ser aprobado antes, las transacciones se caerían automáticamente y el país retomaría los litigios bajo condiciones que el proyecto califica como «significativamente más gravosas».
El entendimiento, formalizado ante la jueza Loretta Preska, involucra a dos grupos de acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default de 2001 y contaban con sentencias firmes a su favor. En los últimos años, estos fondos avanzaron con medidas de presión judicial, logrando en 2025 capturar USD 310 millones depositados en la Reserva Federal de Nueva York como garantía de antiguos bonos Brady.
El acuerdo prevé un mecanismo de «entrega contra pago»: la Argentina cancela la deuda y recibe los títulos en litigio. Además, establece que los costos legales correrán por cuenta de los acreedores. Desde el Gobierno se remarca que la aprobación parlamentaria permitiría saldar esta deuda y desactivar los procesos de «discovery», mediante los cuales los fondos solicitaban información sobre activos del país.
El envío del proyecto activa una negociación en el Congreso, donde el oficialismo necesita garantizar los votos para su aprobación antes del plazo estipulado. La agenda parlamentaria se presenta ajustada, con sesiones de alto voltaje previstas en la Cámara de Diputados.
Expertos en litigios de deuda señalan que esta definición será una prueba del capital político que el Poder Ejecutivo está dispuesto a invertir en un tema de peso reputacional. El impacto fiscal del acuerdo se considera marginal en relación con el volumen total de deuda, pero se advierte que el riesgo de reabrir el frente judicial podría implicar costos mayores a mediano plazo.
Este litigio es un remanente de los procesos iniciados tras el default de 2001. En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, la Argentina acordó el pago de unos USD 9.300 millones a la mayoría de los holdouts, permitiendo salir del default técnico. Sin embargo, un grupo minoritario de acreedores decidió continuar litigando en busca de mejores condiciones.