A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se eliminaron cientos de ensayos y análisis que realizaba el organismo. El ministro Sturzenegger fundamentó la medida en la baja demanda y la oferta privada existente, mientras que desde los gremios y trabajadores manifestaron su rechazo.
El Gobierno nacional oficializó esta semana, mediante la Resolución 42/2026, la baja de más de 900 servicios que prestaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida se enmarca en un proceso de reestructuración del organismo que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la decisión argumentando que los servicios dados de baja tenían una «demanda efectiva» muy reducida o cuentan con oferta en el sector privado. Según el texto de la resolución, esta situación implicaba «un uso subóptimo de los recursos estatales».
Los servicios eliminados abarcaban una amplia gama de actividades, que incluyen ensayos microbiológicos en alimentos (detección de Salmonella, E. coli, Listeria), control de contaminantes como micotoxinas, análisis de calidad de agua y efluentes, servicios de metrología y calibración de instrumentos, y ensayos para la industria de la construcción, seguridad eléctrica y control de combustibles.
Desde el INTI señalaron a LA NACION que estos ensayos también se utilizaban en «procesos más complejos de asistencia técnica, desarrollo de productos y asistencia a la industria para acceder a mercados externos».
La publicación de la resolución generó malestar entre los gremios que representan a los trabajadores del organismo, quienes realizaron movilizaciones en las inmediaciones del predio del INTI en Villa Martelli para protestar contra la medida. Algunos empleados denunciaron que la intención sería «desmantelar» el instituto, lo que podría derivar en más de 700 despidos, en el marco de una política de reducción del Estado.
En sus declaraciones, Sturzenegger ejemplificó que servicios como el control de los surtidores de combustible, que representaba un 12% de la actividad del instituto, implicaban un «costo enorme» que era, en realidad, «un regalo para las grandes petroleras» financiado por el contribuyente. Sostuvo que la medida «libera al sector productivo de un tapón a la producción» y permite el desarrollo de la oferta privada para esos servicios.
Actualmente, el INTI cuenta con 2300 empleados y más de 250 reparticiones, una cifra inferior a los 3100 trabajadores que tenía en 2023. El Gobierno ha cuestionado que el 20% de los departamentos del organismo «son puramente administrativos», lo que, según su visión, amerita los recortes.