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La Justicia rechazó devolverle el celular a Juan Grabois y ratificó la investigación por la toma del Instituto Perón

El juez federal Sebastián Ramos rechazó la solicitud de la defensa del diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois para que le sea restituido su teléfono celular, que permanece secuestrado en la causa que investiga la toma del Instituto Perón, ocurrida en junio del año pasado. El magistrado resolvió mantener el aparato bajo custodia judicial al considerar que aún debe completarse la extracción de datos.

El juez federal Sebastián Ramos rechazó la solicitud presentada por la defensa del diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois para que le sea restituido su teléfono celular, el cual permanece secuestrado en el marco de la causa que investiga la toma del Instituto Perón, ocurrida en junio del año pasado.

El magistrado resolvió mantener el aparato bajo estricta custodia judicial al considerar que aún debe completarse la extracción de datos, una medida clave para esclarecer si el dirigente de Patria Grande recibió o impartió directivas durante la ocupación ilegal del inmueble ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Por este expediente, Grabois se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de resistencia a la autoridad y violación de domicilio.

Ante el planteo del abogado defensor, Nicolás Rechanik, quien argumentaba que la retención del equipo había perdido sustento jurídico tras el dictado del procesamiento, el juez retrucó de forma tajante que “el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación”.

En paralelo, la Cámara Federal desestimó los recursos interpuestos por la defensa para llevar el caso a la Cámara Federal de Casación Penal y habilitó formalmente la realización de una pericia biométrica sobre el dispositivo. Desde la querella, ejercida por el Ministerio de Capital Humano, sostienen la hipótesis de que el legislador utilizó el teléfono durante la protesta para coordinar la toma del edificio y convocar a más manifestantes.

Contexto del caso por el que está imputado Grabois

De acuerdo con las resoluciones del juez federal Sebastián Ramos y de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, la causa por la que se investiga al diputado nacional Juan Grabois tiene su origen en la ocupación del edificio del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025 en el barrio porteño de Recoleta. El conflicto se desencadenó luego de que el Ejecutivo nacional dispusiera el cierre y la disolución de ese organismo, que dependía del Ministerio de Capital Humano, mediante el Decreto 346/25.

Según consta en las actuaciones judiciales incorporadas al expediente, Grabois estuvo “a la cabeza del grupo que ingresó indebidamente a un inmueble del Estado” bajo el argumento de resguardar el acervo documental y los puestos de trabajo frente a la decisión oficial. Los camaristas sostuvieron en su fallo que, ante la orden de desalojo impartida por las fuerzas de seguridad, el dirigente indicó a los manifestantes que subieran al patio del edificio mientras él permanecía en el lugar invocando su profesión de abogado, en un episodio que derivó en su detención temporal y en el que se registraron daños materiales y efectivos policiales heridos.

Por estos hechos, el juez Ramos dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Grabois, junto a otro implicado, Valentín Peralta, por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, trabándole además un embargo por 5 millones de pesos, medida que fue confirmada por la Cámara Federal el 1° de octubre de 2026. En paralelo, el juzgado y la querella ejercida por el Ministerio de Capital Humano insisten en peritar el teléfono celular secuestrado al legislador durante el operativo para determinar si coordinó la toma y convocó a más manifestantes a través de comunicaciones privadas.

Por su parte, Juan Grabois y su defensa rechazaron las imputaciones al denunciar una persecución judicial en su contra y enmarcaron la protesta como una acción legítima en defensa del patrimonio histórico frente a las políticas de ajuste del Gobierno. Asimismo, el dirigente cuestionó que los jueces de cámara aludieran a su condición de funcionario público como agravante, aclarando que al momento de los hechos en junio de 2025 todavía no había asumido su banca en la Cámara de Diputados, y mantiene una batalla legal para impedir la apertura de su dispositivo móvil alegando la protección de su privacidad y sus comunicaciones personales.

Quién es Sebastián Ramos, el juez que rechazó devolverle el celular a Juan Grabois

El juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Comodoro Py, ocupa su cargo desde octubre de 2012 y cuenta con una extensa carrera judicial previa de más de dos décadas en los tribunales federales porteños, donde se desempeñó como secretario de magistrados como Néstor Blondi, Carlos Liporaci y Daniel Rafecas. A lo largo de su gestión al frente de uno de los doce juzgados estratégicos del fuero federal, intervino en numerosos expedientes de alto impacto político, empresarial e internacional.

En el plano de la corrupción pública y la política, Ramos instruyó la causa por el financiamiento estatal de la telenovela “Mamá Corazón”, en la que procesó y embargó al exministro de Planificación Julio De Vido y a la actriz Andrea del Boca por presunta defraudación al Estado, elevando luego el expediente a juicio oral. También tuvo a su cargo el tramo de la causa por la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro, donde procesó al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y al empresario Néstor Otero, e intervino en investigaciones vinculadas a presuntos sobornos transnacionales que alcanzaron a directivos del grupo Techint en el marco del caso Lava Jato.

En sentido inverso, archivó por falta de pruebas una denuncia contra el exjefe de Gabinete Marcos Peña por contratos de Aerolíneas Argentinas con un hotel de su familia en El Calafate, y sobreseyó a empresarios y exfuncionarios kirchneristas en un desprendimiento por lavado de dinero de la causa Cuadernos.

Uno de los episodios más controvertidos de su trayectoria ocurrió en 2023, cuando quedó al frente de la investigación por el viaje de jueces, fiscales, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido. Pese a los pedidos de recusación y al dictamen del fiscal Federico Delgado para que se apartara tras filtrarse supuestos chats suyos con el exministro porteño Marcelo D’Alessandro, Ramos rechazó excusarse y finalmente resolvió archivar la causa al considerar que los mensajes habían sido obtenidos de manera ilegal.

Asimismo, recibió cuestionamientos de organismos de derechos humanos y de querellas como Memoria Activa por las demoras en resolver la situación procesal de exsecretarios del destituido juez Juan José Galeano en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, además de intervenir en expedientes de lesa humanidad sobre el destino de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

En el ámbito del crimen organizado y las extradiciones internacionales, Ramos firmó resoluciones de fuerte repercusión mediática. Entre ellas se destacan la autorización para extraditar a los Estados Unidos al narcotraficante colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, y más recientemente, en noviembre de 2026, el fallo que dio luz verde a la extradición hacia el país norteamericano de dos ciudadanos chilenos acusados de integrar una banda dedicada a desvalijar mansiones de deportistas de élite, entre ellos el extenista Juan Martín del Potro y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, esposo de Taylor Swift.

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