La Cámara Argentina de Comercio y Servicios presentó un diagnóstico ante la Comisión de Comercio de la Cámara baja y reclamó controles más eficaces en fronteras y sobre los circuitos de distribución.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expuso ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados un diagnóstico sobre el contrabando, la subfacturación y la venta ilegal en el país. La entidad sostuvo que estas prácticas generan competencia desleal, afectan la recaudación tributaria y la generación de empleo registrado, y reclamó controles más eficaces para frenar el ingreso y la comercialización de mercadería fuera de los circuitos legales.
La presentación se apoyó en el informe Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina, elaborado por la consultora MAP Latam con aportes de la CAC y publicado en octubre de 2026. Según ese trabajo, la Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en el ranking global de comercio ilícito sectorial (TRACIT) y el puesto 16 entre 193 naciones en el índice de criminalidad asociada a bienes gravados (GI-TOC).
La entidad señaló que el problema excede la venta informal en la vía pública y comprende una cadena de comercialización que comienza con el ingreso irregular de productos al país, continúa con su distribución y termina en la venta sin los controles ni las obligaciones tributarias correspondientes.
Uno de los directores de la CAC describió el fenómeno y cuestionó su naturalización: «Se ha naturalizado una situación de total alevosía: hoy el ingreso ilegal de mercadería ocurre a la vista de todos, sin que se lo perciba como un delito». En ese sentido, indicó que en redes sociales pueden encontrarse públicamente contactos de personas que ofrecen productos ingresados de contrabando, incluso mediante búsquedas vinculadas con el ingreso de mercadería desde Ciudad del Este, en Paraguay.
Respecto del impacto sobre las empresas y el empleo formal, la CAC sostuvo que cuando un producto ingresa al país por fuera de los canales legales también queda fuera de los mecanismos de facturación, tributación y registración laboral. «Cuando un producto entra de contrabando, arrastra toda una cadena de ilegalidad hacia abajo: nace sin factura y queda toda la vida en negro, sin pagar ningún impuesto y fomentando el empleo no registrado», afirmó uno de sus directores.
De acuerdo con el planteo de la cámara empresaria, esa situación genera una pérdida de competitividad para los comercios que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales, ya que deben afrontar costos tributarios, regulatorios y salariales que no están presentes en los canales informales. Por ese motivo, reclamó controles aduaneros más efectivos en las fronteras y mayores mecanismos de fiscalización sobre los circuitos de distribución y comercialización.
En paralelo, la CAC difundió su último relevamiento sobre venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires. Durante octubre de 2026 se detectaron 95 puestos en las áreas relevadas, lo que representó una caída del 9,5% respecto de septiembre y una contracción del 28,6% en la comparación interanual. La entidad advirtió que la comercialización irregular también se desplaza hacia canales digitales, como redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde los productos ingresados mediante contrabando pueden ofrecerse sin trazabilidad.
El relevamiento del Observatorio de Comercio y Servicios de la CAC mostró que el 75% de los puestos detectados se encontraba en estaciones y plazas, mientras que el 25% restante estaba ubicado en calles, avenidas y peatonales. Entre los puntos más afectados de la vía pública se destacó la calle Perú, que concentró 18 de los 24 puestos detectados en calles y avenidas: 15 en Perú al 0 y otros tres en Perú al 100. En cuanto a las estaciones, Once de Septiembre concentró 38 puestos y Constitución, otros 31.
Por rubros, Alimentos y bebidas encabezó la comercialización ilegal, con el 71,7% del total, seguido por Artesanías, con el 19,2%. La CAC informó que no detectó casos de piratería durante octubre, frente a los registros del mes anterior.
Frente al desplazamiento de la venta ilegal hacia internet, la CAC destacó como un avance los acuerdos firmados recientemente por el Gobierno nacional, la propia entidad, cámaras sectoriales y las principales plataformas digitales para intercambiar información y detectar la comercialización irregular de productos sensibles. Consideró que esa coordinación puede contribuir a identificar publicaciones y circuitos de venta que escapan a los controles tradicionales, aunque sostuvo que la estrategia debe complementarse con una fiscalización aduanera más eficaz en las fronteras y controles sobre la distribución de mercadería.
La entidad insistió en que combatir el comercio ilícito no solo implica reducir la venta callejera, sino también desarticular los mecanismos que permiten el ingreso, la circulación y la comercialización de productos sin cumplir con las obligaciones legales.
