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La ley, identificada como Ley Pública 119-98, asigna fondos a las agencias migratorias hasta el 30 de septiembre de 2029 e incluye partidas para arrestos en jurisdicciones no cooperantes, tecnología de vigilancia y acuerdos 287(g).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la Secure America Act, una normativa que asigna recursos multimillonarios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La ley fue identificada como Ley Pública 119-98 el 10 de junio de 2026.
Fondos para ICE
La ley asigna US$31.075 millones al ICE para tareas de control migratorio. Esos fondos cubren personal, transporte para expulsiones, tecnología, instalaciones y vehículos. También financia los acuerdos 287(g) con autoridades estatales y locales, y el pago a abogados que representan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en procesos de deportación.
La sección 102 de la normativa suma US$7.450 millones para agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional. Esos recursos se destinan a funciones distintas del control migratorio y aduanero.
Fondos para CBP y la Patrulla Fronteriza
La norma otorga US$13.020 millones a agentes y personal de apoyo de la CBP, además de US$9.550 millones a la Patrulla Fronteriza. Esos recursos no pueden usarse para reclutar, contratar ni capacitar “coordinadores de procesamiento” después del 31 de octubre de 2028.
Arrestos en jurisdicciones no cooperantes
El ICE debe destinar al menos US$350 millones para arrestar a ciertos adultos en jurisdicciones que no califican como cooperantes. Una jurisdicción es considerada cooperante si tiene un acuerdo 287(g) vigente o una certificación de cumplimiento de normas federales de 1996. Ninguna tribu indígena se considera jurisdicción no cooperante. Por lo tanto, salvo que la ley lo exija, esos fondos no pueden usarse para liberar a estas personas.
Tecnología de vigilancia
La sección 103 del Secure America Act confirma la financiación de equipos de inspección no intrusiva con inteligencia artificial y aprendizaje automático. También incluye tecnología de vigilancia, plataformas aéreas y marítimas, y el sistema biométrico de entrada y salida. Parte del dinero se dirige a combatir el tráfico de sustancias, incluido el fentanilo. Las torres de vigilancia con capacidades autónomas solo pueden financiarse si la CBP las probó y aceptó.
Aprobación en el Congreso
Según el sitio web del Congreso de Estados Unidos, el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, presentó el proyecto S. 2 el 20 de mayo de 2026. El Senado lo aprobó el 5 de junio por 52 votos contra 47. Luego, la Cámara de Representantes lo aprobó el 9 de junio por 214 votos contra 212.