La presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, solicitó al Congreso la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, luego de que la Corte Suprema dejara firme un fallo que ordena devolver a Louis Dreyfus lo pagado de más por retenciones entre 2007 y 2008.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró inválidas varias resoluciones ministeriales de 2007 y 2008, entre ellas la Resolución 125, y ordenó devolver a la cerealera Louis Dreyfus Company (LDC) las sumas pagadas en exceso por derechos de exportación, con intereses.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti con base en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar un recurso extraordinario sin pronunciamiento sobre el fondo. De este modo, quedó firme la sentencia de mayo de 2025 de la Cámara, que había declarado la invalidez de las resoluciones y ordenado la devolución.
Tras conocerse la decisión, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, afirmó: “La Justicia nos vuelve a dar la razón”. Sarnari sostuvo que “cuando desde la Federación Agraria y la Mesa de Enlace nos opusimos a la 125, no luchábamos solamente contra alícuotas exorbitantes, sino también por la defensa de las instituciones: los impuestos deben establecerse por ley del Congreso, no por decisiones discrecionales de un gobierno”.
La titular de la FAA pidió que el Congreso derogue el artículo 755 del Código Aduanero, que faculta al Poder Ejecutivo a aplicar, eliminar o modificar derechos de exportación para determinados fines. “Derogar el artículo 755 permitiría eliminar una de las principales fuentes de controversia jurídica en esta materia”, declaró. Y agregó: “Nuestra posición sigue siendo la misma: las retenciones y cualquier otro impuesto deben discutirse y definirse en el Congreso de la Nación, mediante una ley, y no discrecionalmente por el poder ejecutivo”.
En la sentencia, la Sala III consideró que el artículo 755 es constitucional, pero insuficiente por sí solo para respaldar las alícuotas aplicadas en 2007 y 2008, porque no fija una escala, un piso, un techo u otro parámetro para determinar cuánto podía cobrarse. Asimismo, señaló que las resoluciones impugnadas no recibieron ratificación posterior del Congreso y que, por su naturaleza tributaria, los derechos de exportación están sujetos al principio de reserva de ley.
El importe a devolver se determinará en una liquidación final en el Tribunal Fiscal de la Nación, donde se originó la causa, para cada operación alcanzada por el fallo, calculando la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que habría correspondido pagar con una alícuota del 20% para el caso del trigo, más los intereses conforme a las pautas fijadas en la sentencia.
Sarnari vinculó el fallo con el precedente “Camaronera Patagónica” de 2014. “La Corte ya había sentado este principio en 2014, en el caso Camaronera Patagónica, y hoy queda firme una nueva sentencia que aplica ese mismo criterio. Es una reivindicación de aquella lucha histórica de los productores agropecuarios”, afirmó.
Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), consideró que la decisión de la Corte Suprema “brinda seguridad jurídica”. A su juicio, el fallo “sienta un nuevo precedente jurídico” y refuerza el criterio de que el Poder Ejecutivo requiere la intervención del Congreso para modificar los derechos de exportación.
El artículo 755 del Código Aduanero faculta al Poder Ejecutivo a aplicar, eliminar o modificar derechos de exportación para fines como proteger la producción nacional, estabilizar los precios internos o atender las necesidades de las finanzas públicas. En el caso de Louis Dreyfus, la Cámara consideró que el artículo era constitucional pero insuficiente para respaldar las alícuotas aplicadas en 2007 y 2008.