A más de dos años de la sanción del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, el Senado aprobó un nuevo esquema para proyectos desde USD 12 millones. Los datos oficiales registran 27 proyectos aprobados por USD 76.000 millones y otros 21 en evaluación por USD 133.000 millones. El único dato disponible sobre ingresos efectivos fue proporcionado por el vicepresidente del Banco Central: USD 760 millones netos entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
El Senado aprobó días atrás el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un nuevo esquema de beneficios para proyectos desde USD 12 millones. Se trata del cuarto régimen de excepción junto al RIGI, el RIMI para pymes y el denominado “Súper RIGI”, que se encuentra trabado en el Senado por el reclamo de compra nacional, incluyendo a aliados del Gobierno.
Proyectos aprobados y montos declarados
Según la web oficial, hay 27 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial por más de USD 76.000 millones, y otros 21 proyectos en evaluación por cerca de USD 133.000 millones. No existe un dato oficial y actualizado de cuánto ingresó efectivamente al país. El único disponible fue proporcionado en abril por el vicepresidente del Banco Central: unos USD 760 millones netos entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Otra aproximación son las importaciones realizadas por los proyectos, que suman unos USD 624 millones entre 2025 y septiembre de este año.
Composición de los proyectos
Predominan largamente la minería y los hidrocarburos. Los proyectos industriales son la excepción: la acería de Sidersa en San Nicolás y, desde hace pocos días, la nueva planta de Toyota en Zárate, por unos USD 1.250 millones, para fabricar una pick-up híbrida. Toyota declaró un 53% de proveedores locales en sus activos computables, por encima del 20% que exige el régimen.
Requisitos de compras locales
El plan de desarrollo de proveedores exige un 20% de compras locales de bienes y obras, y solo si la oferta nacional está disponible “en condiciones de mercado”. La ley declara inaplicable cualquier norma que obligue a comprar a proveedores nacionales en condiciones menos favorables, y otorga al bien importado arancel cero con estabilidad por treinta años.
Casos de licitaciones
El mayor proyecto de cobre del país importará la primera parte de los módulos habitacionales del campamento para sus trabajadores, en base a una licitación adjudicada a mitad de año por unos USD 52 millones, frente a los USD 70 millones que ofertó una fábrica argentina, en el marco de una inversión que en sus dos etapas suma unos USD 18.000 millones. Según la Cámara de la Construcción Modular, producirlo aquí habría sostenido al menos 500 puestos directos. Algo similar ocurrió con los caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con el proyecto de GNL en Río Negro, cuya provisión ganó una empresa india, con chapa de origen chino, por sobre Techint.
Datos de empleo y producción industrial
La industria acumula más de 85.000 empleos registrados perdidos entre noviembre de 2023 y mayo de este año, según el SIPA. En agosto la producción manufacturera retrocedió 3,2% interanual, con 11 de sus 16 ramas en baja, y en lo que va del año la caída acumula 2,7% frente al 2025, según datos del INDEC. Según el informe mensual de ADIMRA, en agosto la producción metalúrgica cayó 6,1% interanual de forma generalizada: los proveedores de la cadena minera retrocedieron 3,4% y los de petróleo y gas, 4,5%.
Derogación de leyes de compra nacional
El DNU 70/2023 derogó la mayor parte de la Ley de Compre Nacional (Ley N° 18.875) y de la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores (Ley N° 27.437). Estados Unidos sostiene la Buy American Act desde 1933 y en 2022 endureció sus exigencias de contenido doméstico, y la Inflation Reduction Act condicionó sus créditos fiscales a cadenas de suministro locales.
Incorporación del upstream de hidrocarburos
El Decreto 105/2026 incorporó el upstream de hidrocarburos al régimen. La explotación de Vaca Muerta es una actividad rentable, con recursos probados y una curva de aprendizaje consolidada, que ya venía creciendo antes del RIGI. Otorgar estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años a inversiones que, en su gran mayoría, se harían de todos modos es perder una oportunidad histórica de convertir los recursos naturales en uno de los motores del desarrollo económico.
Esto no significa estar en contra de las leyes que buscan impulsar grandes inversiones. La Argentina las necesita, y la minería y la energía pueden ser motores de un desarrollo verdaderamente federal. Pero deben promoverse sobre la base de un régimen inteligente que combine beneficios con compromisos claros de contenido local y desarrollo de proveedores.
Atraer inversiones no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar empleo, capacidades productivas y tecnológicas. Si los nuevos regímenes que se discuten en el Congreso repiten la lógica del RIGI, no estaremos impulsando el desarrollo de nuestro país, sino subsidiando enclaves. Es decir, limitando enormemente las posibilidades de brindarle a nuestra población el acceso a una vida digna, en base a las oportunidades que nos dan hoy los recursos naturales.