El Ejecutivo avanza en un nuevo esquema de concesiones viales y en una reforma a la Ley de Mercado de Capitales para ampliar garantías y reducir el costo del financiamiento. Ambas iniciativas se basan en capital privado y no contemplan fondos del Tesoro.
El Gobierno nacional trabaja en dos proyectos económicos: una nueva licitación de rutas nacionales y un paquete de medidas para facilitar el acceso al crédito. Así lo confirmaron fuentes oficiales. Ambos expedientes se encuentran en etapa de corrección final y no incluyen aportes del Tesoro.
Licitación de rutas nacionales
El nuevo esquema de concesiones viales distingue tres niveles de intervención: duplicación de calzada, carriles de sobrepaso y mantenimiento. La licitación estará abierta a los actuales concesionarios y a otros oferentes, como constructoras, fondos de inversión u operadores nuevos.
En tramos como la ruta 3 entre Tres Arroyos y Bahía Blanca, se aplicará un peaje base para mantenimiento y un peaje incremental para financiar obras nuevas, con una tarifa máxima. Para las rutas ya concesionadas (3, 5 y 7), se evalúa un mecanismo de valor presente de ingresos: el concesionario fija un monto a cobrar y la concesión finaliza cuando se recauda esa cifra. Si el peaje se congela, el plazo se extiende.
El Gobierno busca definir en el pliego las responsabilidades de cada actor si la licitación la gana un operador distinto del actual concesionario, para evitar conflictos por ampliación de cabinas, señalización y caída de tránsito durante las obras. También se estudia incluir estas inversiones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o en el de Medianas Inversiones (RIMI), aunque no hay decisión tomada.
Paquete para el crédito
El borrador de reforma a la Ley de Mercado de Capitales incluye la creación de un Registro Único de Garantías, la posibilidad de constituir prendas privadas y el respaldo de pagarés con bienes físicos, como la soja. También se prevé flexibilizar los planes de ahorro para la compra de autos, aunque las automotrices han manifestado observaciones sobre una liberalización total.
Según datos del Banco Central, el crédito hipotecario no alcanza el 1% del PBI, menos de 200.000 personas tienen un préstamo hipotecario y el 37% de la población posee tarjeta de crédito. El paquete no inyecta fondos ni baja tasas por sí mismo; depende de que bancos, fintech y el mercado utilicen las nuevas herramientas. Además, requiere aprobación del Congreso.
Un economista consultado describió las reformas como «de plomería: necesarias, invisibles y lentas». El Gobierno apuesta a diseñar reglas claras para que el capital privado concrete las inversiones.