La gestión saliente convocará a un plenario para votar 71 ternas de jueces antes del 18 de noviembre, cuando vencen los mandatos de casi todos los consejeros. El organismo quedará fragmentado y ningún bloque tendrá mayoría propia.
El Consejo de la Magistratura se prepara para un cambio de integración. El 18 de noviembre vencen los mandatos de casi todos sus miembros y la gestión saliente prevé convocar a un plenario en la próxima semana o la siguiente para aprobar 71 ternas que cubran igual número de vacantes.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, impulsó 231 designaciones de jueces y el viernes envió al Senado una lista con 17 candidatos adicionales. En el último plenario también se tratarán posibles sanciones a jueces y algunas desestimaciones.
Tras la renovación, el organismo tendrá una composición diferente: los jueces perderían peso, el kirchnerismo llegará con menos fuerza y más dividido, el oficialismo sumará consejeros propios y ningún bloque alcanzaría los votos necesarios para imponer su agenda. La presidencia seguirá a cargo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.
“Va a ser un Consejo más fracturado, más atomizado, que va a negociar caso por caso”, declaró a LA NACION un integrante del cuerpo.
De los 20 consejeros, continuarán con seguridad Rosatti y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo.
La Comisión de Selección aceleró la elaboración de ternas: entre las 33 aprobadas en las semanas previas y las 38 elevadas el 22 de octubre, el plenario tiene ante sí 71 ternas, entre ellas tres vocalías de la Cámara Federal de La Plata, dos de la Cámara Federal de Rosario y cargos en Posadas, Comodoro Rivadavia, Santa Fe y el fuero contencioso administrativo federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
“Son 70 huecos menos en el mapa de vacantes”, resumió una fuente. Para votar esas ternas en el último plenario se necesitan realizar 200 audiencias y tomar 200 entrevistas personales pendientes.
Las ternas aprobadas pasarán al Ministerio de Justicia, que seleccionará un candidato y enviará el pliego al Senado.
“Este gobierno va a nombrar una parva de jueces, como no lo hicieron ni Macri, ni Alberto ni Cristina”, dijo un consejero.
Mahiques, quien asumió hace 238 días, apunta ahora a la Procuración General de la Nación. En el Ministerio de Justicia señalan que es difícil que ocurra este año porque el próximo es electoral y se requerirían los dos tercios de los votos del Senado.
Escenario fragmentado
El cambio más profundo se registra en el estamento de los magistrados. La lista Bordó, oficialista en la Asociación de Magistrados, ganó la elección del 8 de octubre con 203 votos, pero el reparto por sistema D’Hondt otorgó una banca a cada una de las cuatro listas: Marcelo Gallo Tagle (Lista Bordó), Juan Manuel Culotta (Lista Compromiso Judicial, 185 votos), Gabriela Vázquez (Lista Celeste 2, 125) y Paula Castro (Lista Celeste 1, 102).
La Lista Bordó tenía dos consejeros, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero; conservó uno y perdió el segundo por un voto. “En la Lista Bordó no están contentos. Ya no tienen la hegemonía”, resumió una fuente.
La lista Celeste, cercana al peronismo, se presentó dividida en dos y obtuvo dos lugares: Vázquez encabezó la lista más identificada con el kirchnerismo; Castro llegó por la nómina respaldada por el consejero saliente Alberto Lugones.
Entre los abogados, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, de Alberto Biglieri, ganó con el 34% de los votos y obtuvo dos bancas: la suya y la de Claudia Sarmiento, ligada a la consejera saliente Jimena de la Torre. Este espacio es orientado por Ricardo Gil Lavedra y Daniel Angelici.
Itatí Demarchi Arballo, impulsada por el peronista Juan Manuel Olmos y La Cámpora, logró una banca con el 32% de los votos. Fernando Levene, de Abogacía Federal, obtuvo la cuarta con el 26,4%, respaldado por el peronista Diego Molea, el radical Maximiliano Abad y el gobernador Martín Llaryora. La lista libertaria, de Luis Palomino, quedó fuera con el 7,6%.
Las listas de orientación peronista de Demarchi y Levene sumaron más del 58% de los votos, según destacaron desde el PJ, que también resaltó los dos lugares de la Celeste entre los jueces.
Por los académicos vuelve Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo, elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional. La elección del segundo representante académico está judicializada.
La batalla en el Congreso
Las ocho bancas del Congreso aún están en disputa. Los presidentes de cada cámara envían cuatro representantes a propuesta de las bancadas: dos por el bloque mayoritario, uno por la primera minoría y otro por la segunda.
En Diputados, La Libertad Avanza, hoy primera minoría, se quedaría con dos lugares: retendría el del diputado Gonzalo Roca y sumaría a Nicolás Mayoraz. Unión por la Patria pasaría de dos a uno, y la pelea por ese lugar es interna: Cristina Kirchner impulsa la continuidad de Vanesa Siley, mientras que Guillermo Michel, del massismo, también lo reclama. Rodolfo Tailhade no continuaría.
El cuarto lugar, que hoy ocupa Álvaro González, correspondería por número a Provincias Unidas, el bloque que preside Gisela Scaglia y que no tiene un especialista en temas judiciales. González aspira a permanecer.
En el Senado la disputa está abierta. El regreso del peronista riojano Fernando Rejal al bloque de José Mayans dejó a Unión por la Patria con 22 senadores, uno más que los libertarios, y reabrió la pelea por la primera minoría. Patricia Bullrich y Mayans acordaron que decida la vicepresidenta Victoria Villarruel.
LLA propuso a Nadia Márquez y Belén Monte de Oca. El peronismo, a Eduardo de Pedro y Florencia López. Pro perdería el lugar de Luis Juez, y en el radicalismo Eduardo Vischi busca renovar frente a Abad.
“Una cosa es Martín Menem y otra Villarruel”, deslizó una fuente sobre la incógnita de a quién favorecerá la vicepresidenta.
El antecedente pesa: en 2022 la división del bloque del Frente de Todos para quedarse con un lugar extra terminó en la Corte, que desplazó a Martín Doñate y ordenó la incorporación de Luis Juez. “Todo puede terminar judicializado”, admitieron en el Consejo.
Con este reparto, ningún sector se acerca a los dos tercios de los presentes necesarios para aprobar ternas o acusar a un juez ante el jury. El oficialismo tendrá entre cuatro y cinco votos propios; los jueces y abogados, junto con Rosatti, otros cinco; el peronismo, en sus distintas vertientes, tendrá varios consejeros, pero repartidos entre kirchneristas y dialoguistas.
En el oficialismo sostienen otra lectura. “El peronismo duro va a estar más débil que ahora. Nosotros creo que vamos a estar más fuertes”, dijo a LA NACION una fuente del Gobierno que sigue de cerca el Consejo. Y relativizó el retroceso de los magistrados: “Los jueces, mientras la Corte tenga la presidencia, mantienen el mismo nivel de poder”.
En el Consejo describen el cambio de clima con una metáfora futbolera. “Va a ser un Consejo menos tribunero y más resultadista, un Consejo bilardista”, dijo un consejero. Y explicó: en la gestión saliente había “mucha preocupación por los discursos y no salía un juez”; ahora será “menos estridente”, pero los acuerdos se votan y “se pagan con la designación”.
Sanciones a jueces
La gestión que termina también deja asuntos disciplinarios abiertos. El jurado de Enjuiciamiento destituyó al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cobrar una coima de 200.000 dólares. En el proceso intervinieron las senadoras Belén Monte de Oca y Florencia López y el diputado Nicolás Mayoraz, tres candidatos a una banca en el nuevo Consejo de la Magistratura.
Este Consejo cerrará su mandato con cuatro jueces destituidos: además de Salmain, Walter Bento, juez federal de Mendoza, en noviembre de 2023; Martín Poderti, camarista del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en diciembre de 2025, y Alfredo López, juez federal de Mar del Plata, en agosto pasado, por sus expresiones antisemitas en redes sociales.
Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario, renunció en 2025 antes de que el plenario votara su acusación. En cambio, el jury rechazó en septiembre la destitución de Pablo Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
Es una cifra alta si se considera que ACIJ relevó que en 27 años el Consejo recibió 5170 denuncias contra jueces y solo el 1,3% de las que cerró terminó en una sanción o una remoción.
Otros expedientes pasarán a la nueva integración. El caso de Alejandro Patricio Maraniello, juez civil y comercial federal denunciado por maltrato laboral y abuso sexual, parecía encaminado al jury, pero perdió impulso en la Comisión de Acusación y no llegaría al último plenario.
La denuncia contra Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, por atribuirse competencias que no le correspondían, caduca el 1 de diciembre si el plenario no se expide. Villena acumula otras cinco denuncias, de las que solo una avanzó. En el Consejo advierten que, mientras no se muevan las causas penales en su contra, poco podrán hacer.