Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, solicitó la nulidad del procedimiento realizado en agosto de 2025 en su casa de Nordelta y la restitución del dinero secuestrado. La presentación se suma a la postergación de su indagatoria y a la estrategia de la defensa para cuestionar la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, presentó un escrito ante la Justicia en el que solicita la nulidad del allanamiento realizado en agosto de 2025 en su domicilio del barrio privado Nordelta y la devolución de los casi 70 mil dólares secuestrados, junto con un dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad.
La presentación fue realizada por su abogado, Martín Magram, luego de que el juez Ariel Lijo aceptara postergar la indagatoria de Jonathan y de su hermano Emmanuel Kovalivker. El planteo se enmarca en una estrategia de la defensa para cuestionar la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi sobre presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según el escrito, el procedimiento policial estuvo plagado de “irregularidades”. La defensa sostuvo que “lo que se verificó aquella noche no fue un registro domiciliario ajustado a la ley, sino una sucesión de improvisaciones”. Cuestionó que la Policía llegara a Nordelta sin una orden de allanamiento para la vivienda y que el operativo se realizara de madrugada sin que estuviera “justificada” su urgencia.
El allanamiento se ejecutó durante la madrugada del 22 de agosto de 2025 en el lote 6 del barrio La Isla, en Nordelta, donde reside Jonathan Kovalivker. Allí se incautaron 68.759 dólares y casi siete millones de pesos, además del dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad.
De acuerdo con el relato de la causa, Jonathan Kovalivker abandonó el country antes de que la Policía llegara a su domicilio, mientras que su hermano Emmanuel fue interceptado en una calle interna del complejo, a bordo de un automóvil en el que había 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo. En una causa paralela originada tras el operativo, fue procesado el jefe de seguridad del complejo, Ariel De Vicentis, acusado de haber alertado a los Kovalivker sobre el procedimiento.
En el escrito presentado, el abogado Magram rechazó que Jonathan se haya dado a la fuga. Sostuvo que salió de Nordelta a las 00:45, a la vista de los policías, pero que estos no lo interceptaron.
El pedido de nulidad, que alcanza solo al allanamiento realizado en la casa de Jonathan, se inscribe en una estrategia más amplia de las defensas para cuestionar toda la investigación. Uno de los ejes centrales es cuestionar la validez de los audios atribuidos al exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, que dieron origen a la causa.
La acusación del fiscal se apoya también en los resultados de los allanamientos realizados en la sede de la droguería Suizo Argentina, en el barrio de Núñez. Allí, la Policía secuestró distintos elementos que reforzaron la sospecha de los investigadores de que la empresa tenía injerencia en el organismo de discapacidad a través de intermediarios. En una de las computadoras se encontraron más de 30 pasajes aéreos pagados por la Suizo Argentina emitidos a nombre del médico Pablo Atchabahian, quien no era empleado de la droguería y es investigado por su presunto papel como intermediario entre la Suizo y la ANDIS.
Para el fiscal Picardi, la empresa, a través de intermediarios como Atchabahian, lideró un esquema de cartelización y “cooptó” el organismo de discapacidad.
La defensa de los empresarios solicitó el allanamiento en el country como parte del pedido de nulidad general que presentaron antes del llamado a indagatoria. Magram sostuvo que el allanamiento tuvo como “fundamento” grabaciones de origen desconocido y cuya autenticidad y legalidad cuestiona. “Toda la actuación de aquella noche se construyó sobre la premisa de una urgencia que no existía. La única base de la investigación eran unos audios atribuidos a Diego Spagnuolo”, dice la presentación.
Mientras los audios son peritados por la Gendarmería, la causa que lleva el fiscal Picardi –que cuenta ya con una treintena de procesamientos– avanza con una tercera tanda de indagatorias, prevista para la próxima semana.