El organismo señaló que los textos legales que establecen los límites de las 24 jurisdicciones primarias son antiguos, con topónimos desaparecidos y referencias a un paisaje modificado. Indicó que algunos conflictos limítrofes debieron dirimirse en el ámbito judicial.
La Academia Nacional de Geografía publicó un documento sobre los límites provinciales y las jurisdicciones menores de la Argentina. El texto indica que la precisión de los límites tiene consecuencias particulares para cada jurisdicción y puede contribuir a una mejor gestión local.
El documento precisa que las tierras emergidas del país están divididas en 24 jurisdicciones primarias: las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con una autonomía especial, 15 comunas y una población de 3.000.000 de personas. Forman parte de las provincias más de 500 partidos o departamentos, cerca de un millar de municipios de primera, segunda y tercera categoría y más de 1.000 formas locales de administración, como comunas, delegaciones municipales y comisiones de fomento.
La Academia sostuvo que los límites de estas jurisdicciones se fundaron en elementos geográficos y en razones históricas y sociopolíticas que sufrieron modificaciones a través del tiempo. Desde mediados del siglo pasado, agregó, comenzó a citarse oficialmente la mancha urbana que excede esa estructura y forma conurbaciones, como el Área Metropolitana de Buenos Aires, con cerca de 14.000.000 de habitantes, y otras como el Gran Córdoba, el Gran Rosario y el Gran Mendoza, con poblaciones millonarias.
Qué dicen los límites jurisdiccionales
El texto señala que las legislaciones que establecen los límites de las jurisdicciones primarias tienen mucha antigüedad, fueron redactadas conforme al estilo y con referencias al paisaje existente en esa época, obtenidas por observación directa, y que hay topónimos citados que han desaparecido o han sido reemplazados.
Indica que durante centenas de años actuaron sobre esa geografía procesos geomorfológicos, de erosión y acumulación, desastres naturales, movimientos de ascenso y descenso y cursos hidrográficos cambiantes. Añade que el hombre, especialmente con el crecimiento de la urbanización, fue y sigue siendo un permanente modificador del medio. En el caso de las sectorizaciones dependientes, como departamentos y localidades, los cambios tienen cierta habitualidad, originados casi siempre en decisiones que persiguen mayor practicidad en la administración o por otras influencias circunstanciales.
La Academia afirma que hasta hace pocas décadas predominó, para llevar al terreno lo establecido por ley, la ejecución personalizada, donde el mejor resultado alcanzado dependía de una suerte de simbiosis entre el instrumento y el operador, junto con las condiciones ambientales imperantes durante el registro.
El documento sostiene que aún existe un déficit significativo en la demarcación limítrofe que originó conflictos entre provincias o en departamentos de alguna de ellas que, en algunos casos, debieron dirimirse en el ámbito judicial. Agrega que ante incertidumbres manifestadas en proyectos para la radicación de población, durante la ejecución de nuevas infraestructuras o intenciones de emprendimientos económicos en zonas limítrofes se originaron conflictos que, en algunos casos, debieron dirimirse en el ámbito judicial.
Señala que hubo intentos de superar los disensos limítrofes fronterizos que no alcanzaron el objetivo buscado por carecer de un consenso general. Afirma que en la delimitación se desarrolla una solución técnica donde no faltan componentes de identidad y generosidad.
La Academia sostiene que los avances tecnológicos alcanzados ofrecen nuevas posibilidades para mejorar la determinación, materialización y documentación de los límites territoriales, superando eventuales divergencias y evitando disputas y litigios a futuro. Menciona que la infraestructura geodésica nacional, sustentada en el marco de referencia POSGAR 07 y en redes de estaciones permanentes GNSS, permite vincular las determinaciones realizadas por organismos nacionales, provinciales y municipales dentro de un sistema de aprovechamiento general, con elevados niveles de precisión y trazabilidad.
El texto afirma que con el acuerdo y participación de representantes de los gobiernos provinciales, junto con organismos especializados como el Instituto Geográfico Nacional y profesionales capacitados, se puede abordar la determinación de los límites mediante procedimientos precisos, verificables y reproducibles. Añade que estas herramientas se complementan con los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permiten integrar y relacionar coordenadas, cartografía, catastros, imágenes y antecedentes documentales en bases de datos vinculadas.
Indica que las modernas técnicas de proyección y representación cartográfica permiten adecuar la información a las características del territorio y a la finalidad de cada trabajo. Menciona que los conceptos de geometría fractal propuestos en 1975 por el matemático Benoit Mandelbrot aportan una perspectiva complementaria para comprender la complejidad y la dependencia de la escala que pueden requerir la presentación de determinados límites naturales.
La Academia sostiene que el objetivo no debe ser solamente definir una línea sobre un mapa, sino establecer una delimitación georreferenciada y documentada, vinculada a un marco de referencia común susceptible de conservación y actualización a futuro. Afirma que completar las demarcaciones limítrofes constituye una asignatura pendiente que, además de necesaria, aprovecharía infraestructura tecnológica existente y el capital humano disponible.
El documento concluye que los beneficios enunciados podrán actuar como un acicate para avanzar en otros temas sensibles como el desarrollo de fronteras interiores, que pueden constituirse en vidrieras provinciales, aumentando su seguridad y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.