Con más de seis millones de argentinos con mora de 90 días o más en billeteras virtuales, diputados de distintos bloques opositores presentaron iniciativas para regular el crédito digital, limitar tasas y proteger a los consumidores vulnerables.
Buenos Aires, 10 agosto (NA) – Diputados de distintos bloques de la oposición presentaron proyectos de ley destinados a regular de manera integral el ecosistema financiero digital, ante el crecimiento de la morosidad en las billeteras virtuales. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de mayo de 2026, la mora en las familias ascendió al 12,8% en el sistema bancario. En el sector no bancario, la irregularidad en proveedores no financieros alcanzó el 28,7%, impulsada por la mora en préstamos personales (34,1%) y tarjetas de crédito (19,4%), según EcoGo.
El diputado nacional de Provincias Unidas, Pablo Juliano, presentó un proyecto enfocado en combatir el crédito impulsivo en aplicaciones móviles y billeteras virtuales, y en brindar mecanismos de reinserción económica para deudores críticos. La propuesta exige que las entidades financieras y fintech evalúen la situación económica integral del usuario antes de otorgar financiamiento, e introduce un procedimiento judicial de rehabilitación financiera para casos de insolvencia o sobreendeudamiento estructural. Este trámite contempla planes de pago adecuados a los ingresos reales, con adecuación de intereses, cargos y penalidades, y la suspensión temporal de ejecuciones que pongan en riesgo la subsistencia del deudor.
Asimismo, la iniciativa incorpora un mecanismo de segunda oportunidad: si el usuario actúa de buena fe y cumple sustancialmente con el plan de pagos homologado judicialmente, el juez podrá disponer la extinción total o parcial de las deudas remanentes. También regula los “dark patterns” y la gamificación, prohibiendo interfaces que oculten el costo real del crédito o incentiven el endeudamiento acelerado. Exige que los sistemas automatizados de evaluación crediticia sean transparentes y tengan revisión humana, y prohíbe modalidades de cobranza abusiva.
“Las billeteras virtuales deben cumplir los mismos protocolos que las tarjetas bancarias. Hoy ofrecen créditos con solo un clic, cada vez que se abre el teléfono aparecen cinco o seis veces mensajes alentando el endeudamiento personal, no informan tasas ni el costo financiero final real, y hacen simulaciones engañosas que buscan que el crédito se tome en el acto. Los intereses oscilan entre el 100% y el 700%. Además, le ofrecen crédito a la misma persona endeudada para pagar el crédito tomado con anterioridad, generando un bucle, una situación infinita”, afirmó Juliano.
“Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida”, sostuvo el legislador. “No me digan que esto es solamente ‘un problema entre privados’. Cuando millones de personas necesitan endeudarse para comer, para curarse o para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo crecen la mora y los niveles de incumplimiento, estamos frente a un problema económico y social de carácter sistémico. Porque una deuda puede ser privada, pero cuando el sobreendeudamiento se vuelve masivo, las consecuencias dejan de ser privadas. Más temprano que tarde impactan sobre el consumo, sobre el comercio, sobre el empleo, sobre la capacidad de otorgar crédito y, finalmente, sobre todo el sistema financiero”, advirtió.
Por otro lado, un grupo de 27 legisladores del peronismo federal, encabezados por Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), presentó un proyecto dirigido a proteger a los beneficiarios de prestaciones sociales de la ANSES. La iniciativa propone que la regularidad de los ingresos estatales sea considerada positivamente al evaluar la capacidad de pago y el riesgo crediticio. También busca evitar que variables algorítmicas vinculadas con la condición socioeconómica, la informalidad laboral o el carácter asistencial de los ingresos funcionen como factores negativos al determinar el acceso y el costo del financiamiento.
“Nos preocupa especialmente que el algoritmo termine convirtiendo la vulnerabilidad social en una variable que encarece el crédito. Vemos una paradoja: quienes tienen menores ingresos y mayor necesidad de financiamiento son, muchas veces, quienes reciben las peores condiciones”, explicó Tolosa Paz.
El proyecto establece que las decisiones adoptadas mediante sistemas automatizados deben contar con mecanismos de revisión humana, y fija como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el BCRA. Dispone que ese límite no pueda ser eludido mediante comisiones, seguros u otros conceptos, y exige que el Costo Financiero Total sea informado de manera visible, clara y comprensible antes de la contratación.
Además, incorpora una protección específica para las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. Los fondos provenientes de estas prestaciones no podrán ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, preservando la posibilidad de que el titular realice un pago voluntario y expreso.