El Ejecutivo negó que la discusión esté paralizada y aseguró que realiza un análisis técnico del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina, en medio de un programa de inversiones por más de US$600 millones.
El Gobierno nacional busca renegociar el contrato de concesión de Aeropuertos Argentina, empresa perteneciente a Eduardo Eurnekian a través del holding Corporación América Airports, pero decidió revisar las condiciones que se habían discutido durante la gestión anterior del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
Según fuentes oficiales, la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo no está en discusión. El punto de partida cambió: el Ejecutivo no quiere garantizar la rentabilidad que pretende la compañía, sino determinar primero qué desequilibrio económico corresponde reconocer por la última prórroga del contrato, firmada en 2020.
La posición oficial se conoció después de que LA NACION informara que la falta de acuerdo mantiene en suspenso una nueva etapa de inversiones aeroportuarias por más de US$600 millones.
El preacuerdo alcanzado entre la empresa y el extitular del Orsna, Facundo Leal, establecía un plazo de concesión hasta febrero de 2056 y contemplaba la posibilidad de una prórroga adicional hasta 2066. El esquema incluía una tasa interna de retorno (TIR) de 14,45%, aunque la empresa pretendía elevarla a 16,45%, un nivel que, según su posición, no alcanzaba para recomponer completamente la ecuación económica de la concesión.
Para la actual conducción del organismo y de la Secretaría de Transporte, a cargo de Mariano Plencovich, una extensión de ese alcance no estuvo sobre la mesa. Fuentes oficiales indicaron que tanto el plazo como la tasa de retorno forman parte de lo que consideran “pretensiones exorbitantes” de la compañía. En particular, cuestionan una tasa de retorno garantizada de hasta casi 17%.
Para la gestión actual, una tasa de ese nivel no se corresponde con las condiciones actuales del país. La interpretación oficial es que una rentabilidad de 17% supone un riesgo elevado y una necesidad de recupero de la inversión acorde con ese escenario. La mejora de las condiciones macroeconómicas permitiría, según el Gobierno, revisar tanto esa referencia como los plazos de la concesión, que son las principales herramientas disponibles para recomponer la ecuación económica.
Fuera de la mesa de negociación quedó la posibilidad de aumentar las tasas aeroportuarias que pagan las aerolíneas, en particular las extranjeras. Según el Gobierno, una suba de esos cargos restaría competitividad al país y podría afectar la cantidad de conexiones aéreas. Tampoco considera viable una reducción de costos que deteriore la calidad del servicio.
El origen del conflicto se remonta a la firma de la última prórroga, en diciembre de 2020, cuando el contrato fue extendido por otros 10 años, hasta 2038. De acuerdo con fuentes oficiales, las proyecciones utilizadas entonces fueron demasiado optimistas. Como ejemplo, señalan que en 2021 los ingresos de la empresa fueron 50% inferiores a los previstos.
Por esa razón, el Gobierno reconoce que la concesión necesita ser renegociada. El punto de discusión, sostienen, no es si debe recomponerse el equilibrio económico, sino cuánto corresponde reconocer y bajo qué condiciones.
En paralelo, la renegociación está vinculada con un programa de inversiones que el Gobierno exige a Aeropuertos Argentina para la renovación y modernización de la infraestructura. Aunque todavía no existen precisiones sobre el detalle de las obras, el monto inicial estimado supera los US$600 millones.
Tanto para el Gobierno como para la empresa, la conveniencia de alcanzar un acuerdo aparece como un punto de coincidencia. Una extensión de la incertidumbre podría afectar el ritmo de las inversiones y, eventualmente, comprometer los recursos del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (Ffsna), al que Aeropuertos Argentina realiza aportes.
Mientras tanto, la compañía está próxima a completar el plan de inversiones de US$606 millones asociado a la prórroga de 2020.