El Ministerio de Hacienda de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de tres iniciativas orientadas a fortalecer la recaudación tributaria, combatir el fraude fiscal y agilizar la recuperación de deudas con el Estado.
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de tres proyectos de ley con el objetivo de fortalecer la recaudación de impuestos, combatir distintas modalidades de fraude fiscal y hacer más eficiente la recuperación de recursos adeudados al Estado.
El viceministro de Hacienda, Victor Julio Carvajal, explicó que las iniciativas forman parte de una reforma fiscal enfocada en cerrar portillos utilizados para la evasión de impuestos y mejorar los mecanismos de la administración tributaria para hacer cumplir las obligaciones fiscales.
La primera propuesta está dirigida al impuesto que pagan los cigarrillos. Según explicó el jerarca, la intención es eliminar la denominada “base mínima impositiva”, un mecanismo que toma como referencia el precio de la cajetilla de cigarrillos de mayor venta en el país para calcular el impuesto de otros productos del mercado. De acuerdo con Hacienda, este esquema provoca que incluso las cajetillas de menor precio tributen con base en el valor del producto de referencia, generando cargas tributarias que superan el 400% del costo original. El viceministro sostuvo que esa diferencia ha convertido el contrabando de cigarrillos en una actividad altamente rentable para organizaciones ilegales. Como ejemplo, recordó un operativo en el que se decomisaron 28 millones de cigarrillos, con un perjuicio fiscal superior a los tres millones de dólares solo por impuestos no pagados.
La segunda iniciativa se concentra en el combate de las llamadas facturas falsas, un mecanismo que, según datos del Ministerio, ya supera los ¢700,000 millones (USD 1.56 mil millones) en montos facturados. El viceministro aclaró que no se trata de documentos falsificados, sino de facturas electrónicas que cumplen requisitos tecnológicos y son validadas por el sistema de Hacienda, pero que no corresponden a transacciones económicas reales. El objetivo de estas operaciones simuladas es permitir que los contribuyentes apliquen créditos fiscales del IVA a los que no tienen derecho y registren gastos inexistentes que afectan el cálculo del impuesto sobre la renta. El proyecto propone facultar a la administración tributaria para bloquear durante cinco años del sistema de facturación electrónica a las empresas detectadas realizando transacciones simuladas, y contempla que ese bloqueo pueda aplicarse de forma inmediata como medida cautelar.
El tercer proyecto busca modificar el esquema de cobro judicial establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para acelerar la recuperación de deudas pendientes. Actualmente, la Oficina de Apremio Tributario debe acudir al Poder Judicial para presentar demandas antes de solicitar embargos. La propuesta plantea que, una vez agotadas las etapas de apelación y cuando la deuda sea líquida y exigible, funcionarios designados por Hacienda puedan ejecutar directamente actuaciones administrativas como anotaciones registrales y notificaciones, sin iniciar un nuevo proceso judicial.
Con este paquete, Hacienda apuesta por modernizar herramientas de fiscalización, fortalecer el combate contra la evasión y el fraude tributario, y hacer más eficiente la gestión de cobro, en momentos en que el Gobierno busca incrementar la efectividad de la recaudación sin crear nuevos impuestos. Los proyectos entrarán a la agenda Legislativa para ser votados por los 57 diputados.