Un informe del CONADEH y ACNUR registró 24.864 personas afectadas por desplazamiento forzado interno en Honduras entre 2016 y 2025. En 2025 se contabilizaron 676 quejas, con amenazas como principal causa.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) presentó, con el respaldo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno 2025. El documento indica que entre 2016 y 2025 se registraron 10.077 quejas, que afectaron a 24.864 personas.
Blanca Izaguirre, titular del CONADEH, afirmó que «hay rostros, historias y miles de familias que se han visto obligadas a dejarlo todo, abandonando sus hogares para salvar sus vidas frente a la violencia y la desprotección».
Katrin Lou, representante de ACNUR en Honduras, sostuvo que «muchas víctimas no presentan una denuncia porque siguen teniendo miedo. Otras desconocen que existen mecanismos para solicitar protección o no saben cómo acceder a ellos».
El informe identifica a las amenazas como el principal detonante del desplazamiento: cuatro de cada diez quejas estuvieron vinculadas con amenazas. Le siguen la tentativa de homicidio (10%), la violencia doméstica y el asesinato de familiares (9% cada uno) y la extorsión (6%).
En 2025, el CONADEH registró 676 quejas que involucraron a 1.406 personas. El 70% correspondió a personas en riesgo de desplazamiento y el 30% ya había abandonado su lugar de residencia.
Las mujeres representan el 51% de las personas atendidas; los hombres, el 49%. Se registraron 245 niñas, niños y adolescentes afectados, junto con casos vinculados a personas LGBTIQ+, personas con discapacidad y miembros de pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas. En estos últimos grupos se contabilizaron 19 quejas (3% del total de 2025).
Lou señaló que muchas comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan barreras adicionales para denunciar, como la distancia geográfica, la limitada presencia institucional y el desconocimiento de los mecanismos de protección.
El informe identifica a Francisco Morazán como el departamento con mayor concentración de quejas (22%), seguido de Cortés (16%), Choluteca (11%), Olancho (7%), y Atlántida y Yoro (6% cada uno). A nivel municipal, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y Juticalpa concentran el mayor número de personas afectadas.
Lou también se refirió a la Ley de Prevención, Protección y Respuesta a las Personas Desplazadas por la Violencia. Señaló que el desafío es convertir ese marco jurídico en una herramienta efectiva para las víctimas, y explicó que la ley aún requiere su reglamento de aplicación y recursos suficientes para que las instituciones puedan ejecutar las medidas de protección previstas.