El proyecto de Súper RIGI, que busca incentivar inversiones superiores a los US$1.000 millones, genera dudas sobre su impacto en la economía local.
El proyecto del Súper RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que el Gobierno busca debatir en el Congreso para atraer inversiones superiores a los US$1.000 millones, abrió un nuevo debate sobre el modelo de desarrollo económico. Para el economista Pablo Ferrari, el esquema ofrece amplios beneficios a los inversores, pero deja interrogantes sobre las ganancias concretas para el país.
En ese sentido, el especialista afirmó que «puede traer muchos beneficios para estas grandes inversiones. No queda claro los beneficios que puede traer para Argentina», y explicó que la experiencia de la inversión extranjera directa demuestra que los incentivos no siempre se traducen en mayor desarrollo local.
Ferrari sostuvo que uno de los principales cuestionamientos al proyecto es la amplia flexibilidad que concede a los capitales extranjeros, tanto desde el punto de vista tributario como jurídico. Al respecto, remarcó que «no solo invertir libremente, sino ante todo llevarse beneficios libremente», al señalar que el régimen facilita la utilización de recursos nacionales con escasas condiciones respecto del valor que permanece en la economía argentina.
Además, advirtió que las controversias legales podrían resolverse en tribunales arbitrales internacionales, lo que, según su visión, limita el margen de decisión futura del Estado argentino. También cuestionó que el país pueda quedar atado a determinadas cadenas tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial, una actividad que —indicó— genera debates en distintas economías desarrolladas.
Consultado sobre el impacto del Súper RIGI en la creación de empleo, Ferrari consideró que las inversiones previstas estarán orientadas a actividades altamente automatizadas y con baja demanda de mano de obra. En ese marco, explicó que «esto es súper capital intensivo» y describió un escenario basado en grandes centros de procesamiento de datos con necesidades mínimas de personal.
Por esa razón, sostuvo que «uno cede recursos, cede impuestos, ingresos para el Estado, para que pueda distribuir, a cambio de prácticamente nada, ni siquiera creación de puestos de trabajo». Finalmente, el economista vinculó el debate con la necesidad de avanzar hacia un modelo productivo con mayor industrialización y valor agregado. En esa línea coincidió con que el país continúa dependiendo de la exportación de materias primas y afirmó: «me parece que es uno de los grandes dilemas».