Especialistas consultados señalan un incipiente cambio de rumbo en el interés inversor tras las políticas de equilibrio fiscal y desregulación, aunque advierten que la brecha de inversión sigue siendo sistémica.
La economía argentina registró en lo que va del siglo XXI un bajo nivel de inversión privada, tanto local como extranjera, según datos de diversas fuentes. Este fenómeno se vincula con la ausencia de un crecimiento sostenible y el estancamiento del Producto Bruto Interno.
Tras el fin de la convertibilidad en 2001, los sucesivos gobiernos acumularon incumplimientos de normas y contratos, lo que generó inseguridad jurídica. Como resultado, se presentaron más de 60 reclamos ante el Ciadi (organismo de arbitraje del Grupo Banco Mundial), de los cuales un 85% fueron desfavorables al Estado argentino.
El punto de partida fue la declaración de default de la deuda externa en 2001. Durante el kirchnerismo continuaron medidas como la reestatización de empresas privatizadas, congelamientos de tarifas, subsidios, inflación, controles de precios, cambios de reglas legales, impuestos distorsivos, cepos cambiarios y restricciones para girar dividendos o importar.
Según el economista Ricardo Carciofi, la Argentina se sumó al grupo de países con caídas del 15% en el PBI por habitante en la última década, junto con Venezuela, Líbano, Siria, Yemen y Sudán. Un documento de la Fundación Mediterránea indica que la inversión en el país raramente superó el 20% del PBI (en 2007) y promedió el 16% en los últimos años. La Inversión Extranjera Directa (IED) no superó el 3% del PIB salvo años atípicos, y en 2025 alcanzó el 0,5%, frente al 3,7% de Chile y el 3,4% de Brasil.
El informe de la Unctad (ONU) de 2024 muestra que el stock de IED en Argentina era de US$175.500 millones, por debajo de Chile y Colombia (US$265.000 millones cada uno), Brasil (US$914.300 millones) y México (US$720.250 millones). En 2010, la IED era de US$85.600 millones.
Especialistas consultados por LA NACION coinciden en que el cambio de rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei —con equilibrio fiscal, apertura comercial, desregulaciones y la Ley Bases— marcó un incipiente punto de inflexión en el interés inversor, incluso antes del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).
El RIGI ofrece garantías de estabilidad jurídica, tributaria y cambiaria por 30 años, focalizado en ocho sectores: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, electromovilidad, siderurgia, energía, petróleo y gas. Los proyectos deben tener inversiones desde 200 millones hasta 900 millones de dólares.
Según el Ministerio de Economía, fueron aprobados 16 proyectos por casi US$30.000 millones y 54.500 empleos directos e indirectos. Hay otras 25 iniciativas en evaluación por más de $111.000 millones y 142.168 empleos. El régimen sumó recientemente el primer proyecto de exportación estratégica (Peelp) con el complejo Vicuña en San Juan, donde las mineras BHP y Lundin prevén una inversión inicial de US$9200 millones y 30.000 empleos.
Dante Sica, exministro de Producción, señaló que la mejora en el clima de inversión externa obedece a filiales de multinacionales que buscan activos baratos en energía y minería, y a empresas regionales (mexicanas, brasileñas, peruanas) interesadas en comprar industrias o asociarse. La inversión de países de la OCDE ingresa vía RIGI, por la posibilidad de contratos directos con el Estado y litigios fuera del país.
Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, estimó que el RIGI impulsa más proyectos mineros que petroleros, y que el cepo cambiario a nivel empresarial continuará durante la gestión de Milei. Marcelo Elizondo, presidente del comité argentino de la Cámara Internacional de Comercio, afirmó que el clima de inversión mejora pese a la reputación pasada, y que cada día se instala una empresa en el país.
En abril de 2025, se complementó el RIGI con el RIMI, un régimen para medianas inversiones de pymes (desde 150.000 hasta 9 millones de dólares), con amortización acelerada del impuesto a las ganancias y beneficios para riego y mallas antigranizo. Además, el oficialismo en Diputados aprobó el dictamen de mayoría para el proyecto de ley “Súper RIGI”, con beneficios para inversiones superiores a US$1000 millones en actividades como inteligencia artificial, semiconductores, baterías de litio y aeroespacial.
El informe de la Fundación Mediterránea advierte que los montos aprobados y en evaluación para el RIGI equivalen a 1,3 veces la inversión total de la economía en 2025 (US$109.000 millones, 16% del PBI), pero que no tienen efecto inmediato ni alcanzan para elevar la tasa de inversión al 25% del PBI. “El RIGI y el Súper RIGI operan en nichos específicos y generan proyectos que de otro modo no se ejecutarían, pero la brecha de inversión es sistémica y su solución también debe serlo”, concluye.