El proyecto, presentado por tercera vez en la Cámara de Diputados, busca establecer un marco legal para la administración y reutilización social de bienes incautados por la Justicia federal en casos de narcotráfico, trata de personas, corrupción y lavado de activos.
Se presentó nuevamente en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la administración y reutilización social de bienes cautelados y recuperados por la Justicia federal. La iniciativa, que ya perdió estado parlamentario en dos ocasiones anteriores, busca establecer un marco normativo integral para el destino de los activos obtenidos en investigaciones por delitos federales, especialmente aquellos vinculados a la criminalidad organizada como narcotráfico, trata de personas, corrupción y lavado de activos.
Según el texto del proyecto, a nivel mundial existen dos modelos para administrar y destinar esos bienes: uno fiscalista, que los incorpora a los presupuestos estatales, y otro que busca utilizarlos para reparar el daño causado por el delito. Este último, originado en la lucha contra la mafia en Italia, es el que ha ganado terreno en las últimas décadas.
En Argentina, no existe actualmente una ley federal que regule la administración de activos recuperados ni que desarrolle el concepto de reparación en el juzgamiento de la criminalidad organizada. El proyecto propone transformar la recuperación de bienes en una herramienta de reparación, prevención y fortalecimiento del Estado de derecho.
Durante el período en que el proyecto no fue tratado, se registraron algunos avances. La Corte Suprema de Justicia impulsó mecanismos para facilitar la entrega provisoria de ciertos bienes con utilidad pública y social, incorporando controles y transparencia. El Poder Ejecutivo, por su parte, diseñó un régimen de conservación, administración y destino gestionado por el Ministerio de Justicia.
No obstante, según los impulsores de la iniciativa, esos esfuerzos no resuelven el problema central, ya que cada poder del Estado conserva sus propios registros, criterios y mecanismos de administración. El proyecto de ley busca establecer reglas claras, distribuir funciones y garantizar un sistema estable.