Un informe del equipo de economistas de la provincia de Buenos Aires señala que el ajuste fiscal del Gobierno nacional impactará en provincias y municipios, con posibles consecuencias en servicios esenciales.
El nuevo Informe de Coyuntura Económica elaborado por el equipo de economistas y profesionales de la provincia de Buenos Aires que coordina Roberto Feletti sostiene que el ajuste fiscal del Gobierno nacional entra en una nueva etapa. Según el documento, tras el recorte sobre jubilaciones, universidades, obra pública y programas sociales, el impacto comenzaría a sentirse con más fuerza en provincias y municipios.
El documento indica que la administración de Javier Milei impulsa un proceso de transformación estructural orientado a convertir a la Argentina en una economía exportadora de materias primas, con desarrollo en agro, servicios y energía. El informe plantea que esa estrategia se subordina a los intereses de Estados Unidos, en el marco de una disputa global por cadenas de suministros y recursos estratégicos.
El informe afirma que el Gobierno redujo el peso de la administración nacional desde un promedio histórico de 25 puntos del PBI a unos 15 puntos, una reducción que equivale a casi USD 50.000 millones. El documento advierte que si esa baja se consolida, será imposible recuperar el consumo interno.
Uno de los ejes del informe es el impacto del Pacto de Mayo sobre las cuentas provinciales y municipales. El documento recuerda que allí se acordó que el gasto del sector público consolidado —Nación, provincias y municipios— tenga un tope de 25% del PBI. Si el Estado nacional se mantiene en 15 puntos, las provincias y municipios deberían limitarse al 10% restante, por debajo de su promedio histórico conjunto, que ronda el 15% del PBI. El informe calcula que un eventual recorte de 5 puntos del PBI para adecuarse a ese techo implicaría una reducción cercana a USD 25.000 millones en provincias y municipios.
El documento sostiene que las provincias son efectoras directas de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y bienes sociales. Inducirlas a un ajuste de esta dimensión, según el informe, impactará sobre comunidades ya afectadas por la caída de la actividad y por eventuales subas de costos en servicios, como podría ocurrir con cambios en el régimen de Zonas Frías.
El informe también recupera antecedentes históricos. Recuerda que, en los años 90, la aplicación de pactos fiscales derivó en convulsiones provinciales, movilizaciones, crisis institucionales y emisión de cuasimonedas. Con esa comparación, advierte que el ajuste actual puede encontrar límites políticos y sociales si deteriora la capacidad de gestión de provincias y municipios.
El segundo eje del informe está puesto en Vaca Muerta y el auge minero. El documento reconoce que la Argentina encontró una vía para sortear la restricción externa a través del crecimiento de la oferta de energía, especialmente gas y petróleo no convencional. Sin embargo, advierte que esa oportunidad puede quedar capturada por elites económicas si no se articula con un proyecto industrial y distributivo.
El informe sostiene que Vaca Muerta podría funcionar como un vector de desarrollo nacional y que el recurso energético representa una fuente de divisas alternativa al agro. Pero advierte que los sectores dominantes buscan apropiarse de esa renta y consolidar un proyecto primario, sin que los beneficios derramen sobre la población.
En esa línea, el documento sostiene que la ventaja comparativa energética no debería quedar aislada. El riesgo señalado es que el país exporte recursos naturales sin transformar su estructura productiva ni mejorar salarios, empleo y consumo. Por eso, el informe plantea que “nada reemplaza a una política de ingresos” y que cualquier intento distributivo fracasa si no se armoniza con precios, salarios, regulación microeconómica y solvencia macro.
Según el informe, las exportaciones energéticas superaron los USD 11.000 millones en 2025, con un crecimiento cercano al 40% respecto de 2024. Además, se profundiza el auge del petróleo no convencional, que ya representa el 69% de la producción petrolera total.
El informe también incorpora indicadores recientes de actividad y mercado laboral. El Estimador Mensual de Actividad Económica de marzo mostró una suba interanual de 5,5% y una variación desestacionalizada mensual de 3,5%. Sin embargo, el documento relativiza esa mejora dentro de un cuadro general atravesado por pérdida de empleo registrado, informalidad elevada y deterioro de los ingresos.
En el mercado de trabajo, la tasa de desocupación llegó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, con un aumento de 1,1 puntos respecto del mismo período del año anterior. Eso equivale a 1,1 millón de personas desocupadas y a 156.000 desempleados más en un año.
El informe también señala problemas de calidad laboral. La informalidad entre asalariados pasó de 36,1% a 36,3% entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. Además, el 16,5% de los ocupados corresponde a personas que, aun teniendo empleo, buscan activamente otra ocupación por malas condiciones laborales o ingresos insuficientes.
Según estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron 526.000 trabajadores registrados. El ajuste se concentró en asalariados privados, asalariados públicos y monotributo social, mientras que el monotributo común fue el único segmento que creció de manera sostenida.
En el plano monetario, el informe indica que en el primer trimestre de 2026 la base monetaria alcanzó un saldo promedio de $42,05 billones, equivalente al 4,26% del PBI. El equipo económico bonaerense cuestiona la sostenibilidad del programa oficial, al señalar que el país mantuvo déficit de cuenta corriente en 2025 sin un flujo de capitales suficiente para compensarlo.
El documento también ubica la experiencia argentina dentro de un contexto internacional marcado por la estrategia de Estados Unidos bajo Donald Trump. Según el análisis, el replanteo estadounidense busca recuperar industrialización interna y usar como palanca el acceso preferencial a recursos naturales del hemisferio. América Latina aparece como zona de influencia estratégica para garantizar insumos básicos, energía y cadenas de abastecimiento.