El gobernador Ned Lamont promulgó el Proyecto de Ley del Senado 397, que permite demandar a agentes federales por violaciones constitucionales, prohíbe redadas en zonas sensibles y exige que los oficiales muestren sus rostros.
El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, anunció la firma de una nueva ley destinada a frenar los abusos de autoridad por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La medida, conocida como Proyecto de Ley del Senado 397 (SB 397), permite a los residentes demandar a oficiales que vulneren sus derechos constitucionales, prohíbe las redadas en escuelas, hospitales y centros de culto, y establece que los agentes no pueden cubrir sus rostros con mascarillas, salvo excepciones limitadas.
La ley fue impulsada por legisladores demócratas y firmada el lunes 4 de mayo. En un mensaje en la red social X, Lamont declaró: “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras agentes federales violen los derechos constitucionales de los residentes. Áreas protegidas, medidas de rendición de cuentas y el derecho a demandar a agentes federales que infrinjan la ley. Defenderemos a nuestros ciudadanos aquí en Connecticut”.
La SB 397 crea una acción legal privada en tribunales estatales contra agentes federales, estatales y locales cuando se determine que violaron derechos constitucionales. Además, prohíbe arrestos por delitos civiles en lugares como escuelas, hospitales y centros de culto sin una orden judicial. También exige que los agentes porten una placa o etiqueta con su nombre, y prohíbe que aquellos con menos de 480 horas de entrenamiento se conviertan en oficiales de policía, lo que afecta directamente a los funcionarios del ICE, cuya formación suele ser de unas 376 horas.
La normativa elimina la inmunidad de los agentes si violan el derecho de una persona a grabar a las fuerzas del orden mientras cometen agresión, lesiones, detención ilegal, arresto falso, abuso de procedimiento o procesamiento malicioso. Asimismo, otorga nuevos poderes al procurador general y al inspector general del estado para buscar mandatos judiciales de emergencia y procesar el uso de fuerza letal.
El senador Gary Winfield, demócrata por New Haven y presidente del Comité Judicial del Senado, señaló antes de la aprobación: “Este proyecto de ley es mucho más que las palabras en una página. Se trata de nosotros. Durante la actual administración Trump, hemos actuado como si estuviera bien violar los derechos de las personas. Este proyecto de ley trata sobre quiénes somos como pueblo”.