La entidad presentó un escrito ante la Justicia argumentando que la suspensión de una autorización urbanística preliminar podría violar la libertad de culto. El proyecto para un templo en el centro porteño sigue en análisis judicial.
El futuro del templo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días planea construir en el centro de la Ciudad de Buenos Aires continúa en análisis judicial. Tras una medida cautelar que frenó una autorización preliminar, la iglesia presentó su respuesta formal, defendiendo la viabilidad del proyecto y cuestionando el procedimiento.
En diciembre pasado, la Asociación Civil Basta de Demoler obtuvo una medida cautelar que suspendió los efectos de una disposición administrativa de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR). Dicha disposición había considerado viable el uso del terreno, ubicado en avenida Córdoba y Reconquista, para un «local de culto».
En un escrito de 139 páginas presentado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°9, las autoridades de la iglesia sostuvieron que la medida cautelar resulta inaceptable. Argumentaron que exigir para este proyecto un trámite de «doble lectura» legislativa, que incluiría un estudio de impacto ambiental y tratamiento en la Legislatura porteña, no está previsto en la Constitución de la Ciudad para los locales de culto y, por lo tanto, «violaría la libertad religiosa y de culto».
La presentación aclara que la disposición de la DGIUR solo interpretó la viabilidad del uso del suelo para culto, sin aprobar obras o planos, lo que corresponde a instancias posteriores. Además, señaló que la práctica del Gobierno de la Ciudad ratifica que el establecimiento de un lugar de culto no requiere aprobación legislativa.
Por otro lado, la resolución judicial de diciembre, a cargo de la jueza Andrea Danas, consideró que, por las dimensiones de la obra y el uso autorizado, la Ciudad debió haber aplicado el procedimiento de doble lectura legislativa previsto para grandes equipamientos.
La iglesia, conocida popularmente como mormona, insistió en que no existe un daño concreto, actual o inminente que justifique la intervención judicial, y que el proyecto se ajusta a la normativa urbanística vigente sin requerir excepciones. También destacó que no existe una afectación comprobada al patrimonio histórico lindero —el Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina de Siena— y que el proyecto incluye estudios técnicos y protocolos arqueológicos. La iniciativa, anunciada en junio del año pasado, contempla destinar el 60% del predio a espacios verdes de acceso libre a la comunidad.