Sandra Pettovello dispuso la salida de Leandro Massaccessi, funcionario que figura entre los beneficiarios de préstamos del Banco Nación. Diputados opositores presentaron denuncias y pedidos de informes sobre las condiciones de otorgamiento.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispuso este viernes la salida de Leandro Massaccessi de su cargo como jefe de Gabinete de esa cartera. Massaccessi, hijo del exgobernador de Río Negro Horacio Massaccesi, figura entre los beneficiarios de créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina (BNA), un tema que generó cuestionamientos en las últimas horas.
Según se informó oficialmente, el monto del préstamo otorgado a Massaccessi asciende a 420 millones de pesos. Su salida se produce en el marco de una serie de revelaciones sobre funcionarios y legisladores oficialistas que accedieron a financiamiento del banco público.
El caso de los créditos generó reacciones en la oposición. La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos como ‘tráfico de influencias’ o ‘administración fraudulenta’. Por su parte, el diputado Esteban Paulón elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle las condiciones en las que se concedieron estos préstamos, cuyo monto total superaría los 2.500 millones de pesos.
La información sobre los préstamos es pública y puede consultarse en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). Mediante el cruce de estos datos con declaraciones juradas, se identificó a una lista de funcionarios y diputados con créditos, principalmente hipotecarios, del BNA. Entre ellos se encuentran Federico Furiase (Secretario de Finanzas), Felipe Núñez (director del BICE), Juan Pablo Carreira (director de Comunicación Digital de Presidencia), Pedro Inchauspe (miembro del directorio del BCRA), Emiliano Mongilardi (director de YPF) y los diputados de La Libertad Avanza Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.
En su denuncia, Frade solicitó que se requiera al BNA los legajos crediticios de los involucrados, las actas de directorio que aprobaron las operaciones y un análisis pericial para determinar si existió perjuicio económico para el banco. También pidió investigar si hubo condiciones preferenciales en tasas o plazos, y si se violaron normativas internas del banco.
Paulón, en tanto, centró su pedido en tres aspectos: la posible excepción en los límites de crédito para personas políticamente expuestas, la aprobación de préstamos con dictámenes técnicos desfavorables y la existencia de resoluciones excepcionales para habilitar los financiamientos.