El organismo de jubilados acumula una deuda superior a los $500.000 millones, lo que genera restricciones en servicios y derivaciones al sector público, afectando a millones de afiliados.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) atraviesa una situación financiera compleja, con una deuda que supera los $500.000 millones. Esta situación comienza a reflejarse en la prestación de servicios, con reportes de restricciones, cobros adicionales y una mayor derivación de pacientes al sistema público de salud.
El PAMI es una red que atiende a más de 5,5 millones de personas en todo el país, dependiendo de una amplia red de clínicas, profesionales y proveedores. La demora en los pagos y el desfasaje con los costos reales de las prestaciones generan dificultades para el sostenimiento del sistema, según indican diversos actores del sector.
En la práctica, se registran casos de pacientes que deben afrontar pagos de su bolsillo, reintegros que no cubren el total del costo o la imposibilidad de acceder a ciertas especialidades. Ante esta situación, algunos prestadores privados han comenzado a reducir servicios o a limitar la atención a afiliados del organismo.
El impacto de esta coyuntura nacional se manifiesta de manera particular en las provincias. En Córdoba, por ejemplo, intendentes del interior han elevado reclamos por deudas del PAMI con los municipios. Diego Viano, intendente de Luque, explicó en una radio local que su municipio debió hacerse cargo de los servicios de salud tras el cierre de la única clínica de la localidad, lo que representa un alto costo para las arcas comunales.
«El año pasado destinamos alrededor del 65% del presupuesto entre salud y acción social. Es muchísimo para un municipio de 9.000 habitantes», señaló Viano, quien además mencionó atrasos en los pagos por parte del organismo nacional.
La situación también afecta a proveedores de insumos médicos, que reportan demoras en los pagos que podrían impactar en la disponibilidad de productos. La combinación de estos factores configura un escenario de tensión para la red de atención de los adultos mayores.
En el ámbito político de Córdoba, la administración del PAMI en la provincia, a cargo de Marcos Patiño Brizuela, ha recibido cuestionamientos por parte de algunos intendentes, quienes vinculan su gestión con el diputado nacional Gabriel Bornoroni.